martes, 15 de febrero de 2011
Opinión. Tiempo político para la educación: 35.000 firmas lo reclaman. Manuel Marrero.
El pasado jueves, los miembros de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular “para una Ley Canaria de Educación” (La plataforma "Iniciativa por la Defensa de la Enseñanza Pública Canaria" y el “Movimiento Social Otra Educación Pública es Posible”), presentamos en el Parlamento Canario más de 35.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas canarios de todas las islas, que mostraron su apoyo a esta ILP, la primera que se presenta en Canarias sobre la educación, desde una perspectiva global.
La ciudadanía se ha organizado y ha puesto sobre la mesa de las instituciones políticas una propuesta constructiva y positiva para la sociedad canaria, sobrepasando a las organizaciones que estaban llamadas a hacerlo.
El gobierno de Canarias, en precampaña electoral, ha guardado silencio. Sin embargo, la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, ha afirmado que "no hay tiempo político" para que se pueda tramitar en el Parlamento de Canarias la iniciativa legislativa popular de educación.
Un miembro del Gobierno, que sale a hablar de los tiempos políticos de las Leyes, debiera conocer que la Ley 10/1986, de 11 de diciembre, sobre iniciativa legislativa popular (B.O.C. 152, de 19.12.1986) recoge lo siguiente, en su “Artículo 14. Los procedimientos de iniciativa popular regulados en la presente Ley, que estuvieran en tramitación en el Parlamento Regional al disolverse éste, no decaerán, y consolidarán los trámites que hasta ese momento tengan cubiertos en su totalidad, sin que sea preciso en ningún caso ejercitar nuevamente la iniciativa”.
Por tanto, claro que sí hay tiempo político para debatirla, enmendarla –si fuera preciso- y aprobarla, como se lo están pidiendo a la cámara legislativa canaria esas más de 35.000 familias de todas las islas. Los trámites pueden comenzar en lo que resta de legislatura y continuar a principios de la siguiente. Además de tiempo, que sí lo hay, esperemos que haya voluntad política de hacerlo y, además, hacerlo bien.
Curso escolar próximo y curso político comenzarán a la par. Esperemos que el curso parlamentario no se contagie de las proverbiales anomalías con que anualmente suele comenzar el curso escolar y sus señorías demuestren suficiente sensibilidad con los problemas estructurales de Canarias y no hagan oídos sordos a esta necesaria Ley Canaria de Educación.
La Iniciativa Legislativa Popular 'Por una Ley Canaria de Educación', que parte de un somero diagnostico de la situación actual de la educación en Canarias, evidencia los principales males: abandono y fracaso escolar, escasa
inversión, nula oferta pública de 0-3 años,… datos que nos sitúan en general a la cola del Estado y de la Unión Europea en inversión y en resultados. Esta ILP contiene 29 propuestas para la mejora de la educación pública en todos sus niveles y todas ellas potenciadas por el firme propósito del Parlamento de incrementar anualmente la inversión hasta alcanzar, al menos, un 7 por ciento del Producto Interior Bruto, ya que actualmente apenas supera el 4 por ciento.
Dada la importancia para el conjunto de la población del asunto que plantea esta Iniciativa Legislativa Popular, la educación, esperamos que el conjunto de los parlamentarios y parlamentarias canarios decidan su toma en consideración, aporten todos los aspectos de mejora que realmente avancen en alcanzar un sistema educativo público de calidad y, en definitiva, la apoyen con su voto. El debate social está abierto y las firmas recogidas y entregadas, ahora la sociedad le ha pasado el testigo al Parlamento Canario para que asuma su responsabilidad y establezca los procedimientos de consulta y participación necesarios para que realmente se apruebe una Ley Canaria de Educación que cumpla con los objetivos planteados en esta Iniciativa Legislativa Popular.
(*) (Miembro de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular “para una Ley Canaria de Educación”)