El Comité Local de Santa Cruz aprobó este jueves la propuesta del candidato a la Alcaldía, Pedro Fernández Arcila.

El Comité Local de Alternativa Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer jueves personarse como acusación en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Ángela Mena, concejal por Coalición Canaria en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña. La decisión se adoptó tras una propuesta en este sentido por parte del candidato de Sí se puede a la Alcaldía del municipio, Pedro Fernández Arcila.
La Fiscalía Anticorrupción denunció el pasado 11 de abril a Ángela Mena, concejal por Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz y esposa del presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, por un presunto delito continuado de prevaricación relacionado con varios contratos menores suscritos entre el Área de Participación Ciudadana de la capital tinerfeña y tres empresas de servicios.
La denuncia fue cursada al Juzgado de Guardia de Santa Cruz de Tenerife y es consecuencia de las diligencias abiertas por Anticorrupción tras otra presentada por Sí se puede en relación con un reconocimiento extrajudicial de créditos aprobado en la sesión plenaria del Ayuntamiento del pasado 23 de diciembre de 2010.
Pedro Fernández Arcila, abogado y candidato de Sí se puede a la Alcaldía de Santa Cruz, presentó el pasado 19 de enero una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción por entender que seis contratos menores suscritos entre el Área de Participación Ciudadana, de la que era responsable Ángela Mena, y tres empresas de servicios podrían ser constitutivos de algún delito contra la Administración Pública.
Se trata de las empresas Innova Gestión de la Calidad Deportiva SL, Área Spa and Fitness SL y Afy Gestión Deportiva SL. A cada una de ellas se le adjudicaron contratos menores, todos ellos por valor inferior a 18.000 euros, que es la cantidad a partir de la cual los servicios deben ser adjudicados por concurso. Se da la circunstancia de que los objetos de algunos de estos contratos convergían con los de otros sin que existiera, según Sí se puede, razón alguna para separar en varios contratos servicios similares, salvo que fijar una cuantía inferior a los 18.000 euros tuviera como fin “eludir los requisitos de publicidad de las contrataciones públicas, beneficiando de esta manera a personas determinadas”.
El Ayuntamiento contrató a estas empresas para diferentes fases de una serie de talleres y actividades en asociaciones de vecinos del municipio. Una de las seis facturas ascendió a 17.956 euros, tan solo 44 euros por debajo del tope de los contratos menores; otra llegó a los 17.347; una tercera fue firmada por un valor de 17.687; y una cuarta sumó 16.667 euros.
Se dan además otras circunstancias significativas en relación con estas tres empresas: las tres cuentan con el mismo domicilio, coinciden las personas que ostentan los cargos de presidente y vicepresidente y “es de suponer que cuenten con el mismo objeto social dado que a las tres le fueron adjudicados servicios idénticos o similares”, según Sí se puede.
La denuncia de Arcila es consecuencia de una intervención en el pleno del 23 de diciembre por parte del concejal del Partido Popular Ángel Llanos, quien en esa sesión detalló las facturas emitidas a nombre de las citadas empresas, todas ellas aprobadas por la corporación pese a los reparos del interventor municipal.