El candidato a la Alcaldía explicó a los vecinos el estado actual de la denuncia de la Fiscalía por las obras en el barranco de El Bufadero.

Pedro Fernández Arcila, candidato de Alternativa Sí se puede a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, dijo ayer sábado que las autoridades “han ignorado conscientemente a los vecinos de María Jiménez por sus propios intereses” en relación con la canalización de la desembocadura del barranco de El Bufadero, una obra que pone en riesgo la seguridad de los residentes y que ha sido denunciada por la Fiscalía de Medio Ambiente tras otra denuncia previa de Sí se puede.
Arcila, que participó ayer en un mitin en la plaza de María Jiménez, explicó a los vecinos el estado actual de la denuncia contra la Autoridad Portuaria, que ejecutó la citada obra a pesar de que con ello se ponía en grave riesgo –como así ocurrió durante las lluvias de febrero de 2010– la seguridad de los residentes en beneficio de sus intereses y con el beneplácito del Ayuntamiento de Santa Cruz y del Consejo Insular de Aguas.
Este último realizó informes favorables “a la carta” sobre el proyecto, según Arcila, para que saliera adelante y a pesar de que la Comisión Vecinal de María Jiménez había denunciado los riesgos de la canalización del barranco, una obra que impediría la evacuación de acarreos sólidos al mar y podría provocar inundaciones en la zona residencial, como así ocurrió el año pasado.
En el mismo encuentro, los arquitectos Alejo Salgado y Joaquín Galera explicaron las propuestas que ambos han diseñado no solo para la desembocadura de El Bufadero, sino para la recuperación de la zona del balneario y de la batería militar y para la ejecución de nuevas infraestructuras en un núcleo que ha experimentado un notable crecimiento demográfico y para el que las dotaciones actuales son ya insuficientes.
Los arquitectos lamentaron la desidia y el desinterés de la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Consejo Insular de Aguas ante las alternativas que les fueron presentadas. Por ello, invitaron a los vecinos a votar por Sí se puede para “cambiar esta situación de políticas nefastas que venimos padeciendo desde hace 30 años y en las que no se tiene en cuenta al ciudadano”.
Por último, Arcila explicó el estado actual del proceso judicial abierto por la Fiscalía de Medio Ambiente, que pasa por una solicitud ante la juez para la realización de un informe sobre los riesgos de la obra para la población. Este informe podría tener como consecuencia el inicio de una causa contra el gerente del Consejo Insular de Aguas.
FOTO: Pedro Arcila, ayer durante el mitin en María Jiménez