Pedro Fernández Arcila, abogado y portavoz de la formación de izquierdas en el municipio capitalino, informó hoy de la intención de Sí se puede de trasladar a la fiscalía las irregularidades que fueron sacadas a la luz en el pleno del pasado 23 de diciembre.

El candidato de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz va a personarse ante la fiscalía -en los próximos días- ante las denuncias lanzadas en el último pleno municipal donde se acusaba a la Concejala de Mujer y Participación Ciudadana, Ángela Mena, por beneficiar a dos representantes de tres empresas que recibieron cerca de 100.000 euros del erario público a través de seis facturas de unos 18.000 euros cada una que fueron firmadas en diferentes momentos, pero beneficiando en todas ellas a las mismas personas.
Para Arcila esta operación “representa una clara vulneración de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que impide el fraccionamiento de facturas para evitar los procesos de adjudicación públicos. Nos parece lamentable que se haya beneficiado a unas personas con fondos públicos para unas actividades que deberían haber sido sometidas a un proceso de concurso público”.
Para el portavoz de Sí se puede “este tipo de prácticas deben ser eliminadas de la actividad política ya que no se tratan de un simple error administrativo. Estas acciones representan una manifiesta voluntad de violación de la ley para otorgar beneficios a personas o empresas determinadas. Resulta especialmente lamentable que salgan a la luz en el contexto de la discusión política entre antiguos socios de gobierno, que además se acusan mutuamente de haber realizado numerosas veces este tipo de corruptelas con un dinero que procede de todos los vecinos del municipio”. Con respecto a esto Arcila va a solicitar a la fiscalía que inicie las investigaciones pertinentes tomando precisamente como base las declaraciones realizadas en el pleno y en la prensa de la propia Ángela Mena y de Ángel Llanos entre otros.