jueves, 27 de enero de 2011

Alternativa Sí se puede por Tenerife exige al presidente canario mayor control en las ayudas a Ryanair.


Para el candidato al Parlamento por Sí se puede el apoyo económico mostrado por parte del ejecutivo canario a la compañía aérea de bajo coste representa un agravio comparativo difícil de entender

Domingo Garí, portavoz de Sí se puede para el Parlamento, expone que ante las numerosas ayudas públicas ofrecidas por el presidente Paulino Rivero a la compañía aérea su formación considera que “por parte del gobierno no se deben ejercer acciones políticas que beneficien a una empresa determinada, más aún cuando este tipo de ayudas se realizan con fondos públicos, ahorrándole importantes costes a la aerolínea”.
Para Garí “Ryanair es una compañía con numerosas irregularidades, denunciada en múltiples ocasiones por no respetar los derechos laborales de sus trabajadores, ni cumplir las leyes de consumo de los diferentes países en los que actúan”.
El portavoz de Sí se puede apunta además que “el presidente Paulino Rivero debería tener en cuenta que con estos tratos de favor hacia la compañía irlandesa se está poniendo en peligro también los puestos de trabajo de miles de empleados de cabina y de tierra de compañías como Spanair o Air Europa que residen en Canarias. No entendemos que bajo unos supuestos beneficios en el tráfico de pasajeros se ponga a miles de familias canarias, que dependen de otras compañías aéreas, en una difícil situación, mientras Ryanair apenas genera puestos de trabajo directos por sus políticas de bajo coste”.
Finalmente Garí espera que “el apoyo institucional del Gobierno Canario a Ryanair no se enmarque en la política de privatizaciones que en estos momentos se está poniendo en marcha sobre los aeropuertos. Estamos de acuerdo con el derecho a volar a precios competitivos y con las ayudas a la población de las Islas para desplazarse, pero estos derechos no pueden hacerse a costa del empleo de miles de trabajadores del sector. Un gobierno responsable al menos exigiría, para un posible acuerdo, que las empresas cumplan con las leyes laborales y de consumo”.