El tratado suscrito en Montego Bay (Jamaica) en 1983, que regula en la actualidad el derecho internacional maritimo, es claramente injusto pues la presión de las grandes potencias marítimas a acceder a rutas, caladeros y yacimientos potencialmente explotables, posibilitó que, en contra de toda lógica, se trataran de forma diferente dos realidades geográficas idénticas, los Estados archipielágicos y los archipiélagos de Estados mixtos continentales e insulares.

La presión a la que se vieron sometidos los Estados archipiélagicos, provocó que éstos renunciaran al reconocimiento de los mismos derechos marítimos a los archipiélagos de Estado, a condición de que ellos no perdieran un status durante largo tiempo negociado. El resultado fue que mientras los primeros, por ejemplo, Indonesia, Filipinas o Fiji, vieron reconocidos sus derechos a la soberanía de sus aguas interiores o archipiélagicas, ( aquellas encerradas en el polígono trazado mediante líneas de base recta que conectan los puntos más exteriores de sus islas, y sus Zonas Económicas Exclusivas que otorgan derechos a los archipiélagos sobre las aguas, pesquerías y yacimientos que se encuentren dentro de las 200 millas náuticas), los segundos, entre los que se encuentran archipiélagos como Canarias, vieran claramente limitados sus derechos sobre el mar que sirve de conexión a las islas que los constituyen.
A estos últimos solo se les reconoció como objeto de soberanía las aguas interiores (las propias de los puertos, bahías, etc.) y las territoriales enmarcadas dentro de las 12 millas náuticas delimitadas a partir de las bajamares de las costas de cada una de sus islas constituyentes. Dicho de otra forma, cada vez que nos desplazamos en barco desde Gran Canaria a Tenerife o a Fuerteventura estamos atravesando aguas internacionales.
A diferencia de la actitud temerariamente pasiva desarrollada por los diferentes gobiernos españoles y canarios habidos desde entonces, otros países ribereños han delimitado unilateralmente las respectivas Zonas Económicas Exclusivas de sus archipiélagos, como Fareoe por Dinamarca, Svalbard por Noruega o Galápagos por Ecuador, y especialmente, por ser de nuestro máximo interés, las de los archipiélagos portugueses del Atlántico. De hecho, en la actualidad Azores posee una ZEE de cerca de un millón de km2 para una supeficie emergida de 2.300 km2, apenas mayor que Tenerife, mientras que Madeira posee una de 446.108 km2 para apenas 800 km2 de tierras emergidas, apenas algo más que la superficie de La Palma.
En la actitud del Gobierno español ha pesado mucho más no molestar a los vecinos marroquíes que defender los intereses económicos y medioambientales de nuestras Islas. En este contexto, la propuesta recientemente aprobada por el Congreso de Diputados a proposición del grupo parlamentario de Coalición Canaria, con el apoyo del PSOE a cambio de sus dos votos para aprobar los presupuestos, es sin duda un paso, aunque insuficiente, en la dirección correcta, aquella que nos permita ver reconocida internacionalmente nuestra soberanía sobre nuestras aguas archipielágicas. Sin embargo, aunque la ley aprobada contempla la delimitación del perímetro archipielágico a través de las respectivas líneas de base recta, polígono a partir del cual se creará la ZEE, la misma ley reconoce que ello se hará sin menoscabo del mantenimiento del actual status internacional, es decir del no reconocimiento de la soberanía de las aguas archipielágicas, que deberán negociarse con los países vecinos en acuerdos bilaterales.
Para más inri, el vigente Estatuto de Autonomía de Canarias solo contempla como territorio archipielágico el conjunto del territorio emergido de las islas e isletas del archipiélago, pero no así el mar que las une o separa. Difícilmente podemos aspirar al reconocimiento internacional de nuestras aguas cuando ni siquiera nosotros las reconocemos como parte integrante de nuestro territorio, tal y como ocurre en la actualidad.
En este contexto, Sí se puede propone la inclusión del mar archipiélagico canario existente dentro del polígono basado en las líneas de base, en el Estatuto de Autonomía, así como la declaración unilateral por parte del Parlamento Canario de la soberanía sobre la Zona Económica Exclusiva del archipiélago, respetando las medianas trazadas a partir del polígono en las aguas fronterizas con Marruecos, con la República Árabe Saharaui Democrática y con Portugal.