La educación es un servicio público esencial que el Estado debe asegurar a todos los/las ciudadanos/as en condiciones de equidad y justicia y eso sólo lo puede garantizar la enseñanza pública, la única capaz de vertebrar y cohesionar el sistema educativo, siempre que cuente con apoyo y financiación para ejercer este papel.

Sin embargo, este servicio en Canarias está sufriendo un ataque frontal por parte de quien debería estar encabezando su defensa: el Gobierno de Canarias, cuyo estandarte más visible en los últimos años son los recortes continuados del porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a educación (del 6´13 % en 1991, a un 4% actualmente; tendencia que no parece tener límites, ya que en 2010 disminuyó en un 3,6% la partida destinada a la educación pública, posteriormente se aprobó una nueva rebaja de un 0,56% más, y en los presupuestos para el 2011 se prevé un ‘hachazo’ de un 6,8% sobre los del 2010) .
La educación: una herramienta para conquistar el futuro
Hay coincidencia en considerar que la educación es una herramienta imprescindible para superar las crisis económicas y para hacer avanzar a un país, y que tanto ésta como la sanidad deberían ser pilares intocables del desarrollo social. El Reino Unido acaba de dar un buen ejemplo de ello, respetando estos servicios en el duro ajuste neoliberal que acaba de aprobar. Apostando por lo contrario, el gobierno CC-PP ha colocado a Canarias a la cola del vagón en inversión educativa, no sólo comparándola con la media de la Unión Europea y los países de la OCDE, sino también con las Comunidades del Estado español ( en 2007 Canarias tenía un gasto por estudiante de 5.874 euros, frente a los 9.835 del País Vasco, o los 7.742 de Asturias), con consecuencias directas como una tasa bruta de población que se gradúa en cada nivel de enseñanza inferior a la media estatal, o un índice de abandono escolar prematuro de un 36,9%, 6 puntos por encima de la media estatal y algo más del doble que la europea. Esta falta de inversión cuestiona la supervivencia de una enseñanza pública canaria de calidad y hace peligrar muchos de los logros conseguidos en estos últimos años.
El Gobierno canario responsable
La población canaria debe saber que este gobierno ha sido el que ha aumentado los conciertos educativos con la enseñanza privada a costa de los fondos que necesita la enseñanza pública (en 2010 el recorte en la privada-concertada es sólo de un 0,5%, frente al 3,6 de la pública); quien ha aumentado las ratios de alumnos/as por aula y el número de grupos mixtos; quien no dota a los centros del personal necesario para remediar el fracaso escolar y atender adecuadamente a la diversidad; quien escatima a la hora de cubrir las sustituciones (la partida para sustituciones de docentes disminuyó en 2010 un 78%, y en el presente curso no se prevé realizar ninguna sustitución del profesorado que se encuentre de baja, utilizando para ello la disponibilidad horaria de los centros: acción tutorial, coordinación de ciclos y departamentos, guardias, gestión de comedor, horas de dirección, secretaría, jefatura de estudios…, para ‘atender’ al alumnado; quien ha suprimido los programas educativos que han sido un referente de la escuela pública de calidad (Contenidos Canarios, Igualdad de Oportunidades para Ambos Sexos, Educación Afectivo-sexual, Educación Medioambiental, Escuela y Salud, Educar para la Paz y Tutoría de jóvenes);quien no afronta adecuadamente la diversidad social, cultural y lingüística del alumnado; quien no realiza las obras de infraestructura en período vacacional y quien dicta normativas que burocratizan la vida docente y que suponen un retroceso respecto a medidas educativas ya implantadas.
Desde Sí se puede resaltamos varios ejemplos que muestran de manera fehaciente que el Gobierno de Canarias y la Consejería de Educación carecen de sensibilidad con las familias que padecen graves dificultades debido a la crisis económica, el desempleo, los contratos basura, o el consecuente aumento de la conflictividad social: la eliminación de los trabajadores sociales de los centros ubicados en zonas deprimidas y barrios obreros, y la congelación de las plazas de comedores escolares, incluidos aquellos con una clara función asistencial.
La FP dejada a su suerte
Ante un paro que supera el 30% de la población activa, y que es la manifestación más evidente de la crisis económica, se responde con el desmantelamiento y privatización de gran parte de la Formación Profesional. En este curso, entre 7.000 y 9.000 alumnos/as se han quedado sin plaza en la FP reglada pública y unos 140 grupos han sido suprimidos. Las consecuencias de esta irresponsabilidad a nadie se le escapan: Canarias contará con una población activa mucho menos formada y profesionalizada, dificultando la salida de la crisis e implicando una importación de mano de obra cualificada, que seguirá acercando cada vez más a nuestros jóvenes a la exclusión y la marginación social.
Para defender la Enseñanza Pública Canaria
Canarias necesita un debate serio y profundo sobre la situación del sistema educativo en el que puedan participar todos los sectores implicados. Las propuestas de la Consejería sólo planteas medidas parciales, cargadas de marketing y a modo de cortinas de humo (acogida temprana, refuerzo educativo de tarde, centros bilingües,…) que no afrontan realmente el fracaso escolar y la grave situación de la Enseñanza Pública. Si se quiere calidad educativa, el Gobierno tendrá que poner los medios suficientes para alcanzar ese objetivo, mostrar mayor consideración social hacia el profesorado, aumentar las dotaciones de los centros educativos y favorecer las condiciones de trabajo en que se desarrolla la función docente, en vez de destinar fondos públicos a campañas publicitarias, además engañosas, sobre sus ‘planes de calidad’.
La consecución de una enseñanza pública de calidad al servicio del progreso de nuestro pueblo es incompatible con la actual práctica de la Consejería de Educación y del Gobierno de Canarias, por eso desde Sí se puede planteamos:

• Rechazar los recortes presupuestarios en materia educativa.

• Exigir al Gobierno de Canarias la financiación adecuada del sistema educativo público canario, elevando progresivamente el presupuesto destinado a educación hasta situarlo al menos en un 7% del PIB de nuestra Comunidad.

• Instar al Gobierno de Canarias a que deje de financiar y apoyar el negocio de la escuela privada concertada, desviando fondos en detrimento de la calidad de la educación pública.

• Apoyar una propuesta de bases para un acuerdo social por la mejora del servicio público educativo en Canarias, con la constitución de una Mesa Social con representación de todos los sectores implicados (Administración, organizaciones sindicales, padres, madres, AMPAS y organizaciones estudiantiles).

• Denunciar la utilización de dinero público para costear campañas publicitarias engañosas sobre las medidas de calidad impuestas por el Gobierno.

• Exigir el cese de la Consejera de Educación por su incompetencia para gestionar y mejorar la calidad de la educación pública canaria y por llevarla a una situación de precariedad insostenible.

• Apoyar la Iniciativa en Defensa de la Enseñanza Pública Canaria, promovida por AMPAS y otros sectores sociales, llamando a la movilización de la sociedad canaria en general y de las comunidades educativas en particular, y a la participación en la manifestación convocada para el jueves 28 de octubre de 2010.

Natividad Alvarado/Conchy Morales (Coordinadoras de la Comisión de Enseñanza de Sí se puede)