Recientemente se reunían el Ministro de Educación, Sr. Gabilondo, y la Sra. De Cospedal, del Partido Popular. Ambos convenían que era posible un Pacto por la educación. Y este es un asunto que propicia elementos para la reflexión y el posicionamiento social.
El Ministro Gabilondo ha puesto sobre la mesa un documento de Bases para un Pacto Social y Político por la Educación. Y la Consejería de Educación de Canarias, sin plantear opinión propia al respecto, se ha limitado a trasladarlo a los distintos sectores para recoger información (Consejo Escolar de Canarias, Mesa Sectorial de Educación).
Tres décadas de desarrollo constitucional nos proporcionan una cierta perspectiva para concluir que la educación ha sido un elemento de confrontación electoral entre los dos partidos mayoritarios, estando en todo momento el PP apoyado por la jerarquía de la Iglesia Católica, y el PSOE, sin querer romper la tutela que el Vaticano ejerce sobre el sistema educativo español. No obstante, cada partido y cada gobierno han querido dejar su impronta con una Ley Educativa (de la LGE del 70 se pasó a la LOECE, la LODE, la LOGSE, la LOPEGCE, la LOCE y ahora la LOE). A todo ello se añade el desarrollo legislativo, múltiple y variado de cada uno de los parlamentos autonómicos. Parece, pues, de sentido común que hay que poner freno a estos excesos legislativos, que han producido la desestabilización del sistema y la desorientación de alumnado, profesorado y familias. Y sobre todo, que han significado un gran negocio editorial y un saqueo a los bolsillos de las familias.
¿Es posible este pacto y cuáles serían sus consecuencias? Si las diferencias ideológicas entre el PP y el PSOE, en materia educativa, no son insalvables, y más parecen formales y coyunturales que de fondo, está claro que sí va a ser posible. Ninguno de dichos partidos cuestiona que el dinero público siga financiando el negocio privado de la educación mediante los conciertos. Tampoco plantean la revisión del Concordato con el Vaticano. Y, por último, después de tantos años ejerciendo el poder, nunca han tomado la decisión de colocar los presupuestos educativos al nivel de los países a los que queremos acercarnos en resultados educativos. La estructura del sistema educativo y la organización de los centros, que trajo la LOGSE, parece que les sirve a ambos. Por tanto, en aquellos aspectos curriculares (Educación para la ciudadanía o alternativa para la Religión) en los que han manifestado alguna discrepancia, pronto se pondrán de acuerdo. Y en el resto de asuntos (meritocracia, jerarquización, concepción mercantilista de la educación,…) parece que tengan consenso. Consecuencia: este pacto va a servir para reafirmar la progresiva derechización que ha ido instaurándose en la política educativa desde los albores de la democracia.
A pesar de la afirmación del Sr. Gabilondo de que «necesitamos lograr este pacto con horizonte de generaciones y no simplemente de elecciones», dentro de pocos meses, iremos asistiendo a una operación de maquillaje con la que PP/PSOE y otros, se presentarán a la sociedad española diciéndonos que se ha alcanzado el objetivo de estabilizar el sistema educativo. Si eso significa que acordarán que una Ley de Educación debe asentarse al menos durante 20 ó 25 años, con los ajustes necesarios en cada momento, bienvenido sea dicho acuerdo. Ese sería un marco ideal, que tendría que estar unido indefectiblemente a un compromiso político del Parlamento del Estado y de los correspondientes autonómicos, de que a lo largo de los cuatro años de una legislatura se acuerde un incremento de los presupuestos destinados a educación hasta alcanzar un 7% del PIB, para asemejar nuestros esfuerzos a los países a cuyos resultados educativos aspiramos. Y, en ese grado de modernización, siguiendo el ejemplo de otros muchos países de la Unión Europea donde no se destina dinero público para la enseñanza privada, se debe poner una fecha límite para que todos los centros actualmente concertados, que lo deseen, decidan pasar a ser propiedad pública y sus trabajadores integrados en la función pública o, por el contrario, al sistema privado, sin percepción alguna de fondos públicos. Y el tercer elemento que debiera contemplar este pacto, que pretende ser de largo recorrido, es el decidir la revocación de los acuerdos Iglesia-Estado, pues esta sociedad es suficientemente madura y la democracia bien cimentada como para seguir estando tutelada y dependiente de las directrices de la Iglesia Católica.
Posiblemente, así estaremos en condiciones de alcanzar la doble finalidad que el Ministro le atribuye a este pacto: «mejorar el sistema educativo» y buscar ámbitos compartidos de actuación que garanticen «el equilibrio, la estabilidad, la cooperación y la coherencia del sistema a través de un marco común». De lo contrario, esta sociedad habrá perdido una oportunidad para el progreso y este pacto sólo servirá para una foto preelectoral, para afianzar todos los lastres y errores de tres décadas y, en definitiva, para consolidar la derechización definitiva de las políticas educativas.
