Recientemente la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias anunció el inicio de las obras para soterrar parcialmente la Avenida Marítima en el tramo comprendido entre el Barranco de Santos y la Avenida de Anaga, inmediatamente después de finalizar la fiesta de los Carnavales. Estas obras supondrán la pérdida de los grandes y viejos laureles que caracterizan la fachada marítima de Santa Cruz y que le confieren una gran calida ambiental a la principal Avenida de la ciudad. La inversión inicial prevista es de 45 millones de euros aunque, como suele ser habitual, el presupuesto final se incrementará considerablemente. Las obras consisten fundamentalmente en la construcción de un túnel mediante tres gigantescas pantallas de hormigón que superan la altura de un edificio de seis plantas y sitúa el nivel de circulación de los vehículos por debajo el nivel del mar.

El proyecto que se iniciará a finales de febrero forma parte de otro más amplio que contempla enterrar completamente la Avenida Marítima bajo un túnel de aproximadamente 4 kilómetros de longitud, manteniendo al mismo tiempo la circulación de vehículos en superficie. El costo final de las obras podrían superar los 500 millones de euros, lo que resulta del todo incomprensible para los escasos beneficios que reportaría a los ciudadanos y a la propia ciudad una inversión de tal envergadura, en un momento además donde se debe cuidar especialmente que los dineros públicos supongan generación de empleo estable y mejora de los servicios sociales, antes que intentar ahorrarle a algunos vehículos unos segundos en sus recorrido urbano por ésta zona de la ciudad. Si entramos al túnel previsto por el sur, saldríamos a la altura del Barrio de la Alegría, para conectar desde ahí con otra gran e impactante obra como es la Vía de Cornisa. Sumando presupuestos de todos los proyectos de nuevos y grandes viarios previstos en nuestra pequeña ciudad y que se reflejan el polémico documento del PGOU de Santa Cruz, estaríamos hablando de miles de millones de euros que, sinceramente, no sé de donde vamos a sacar, ni qué beneficio real nos traerá a todos, a parte de los que obtendrían las empresas constructoras, claro está. Que yo sepa las carreteras y los túneles, una vez finalizados, no generan empleo estable y, por el contrario, sí suponen un importante gasto permanente de mantenimiento y un aumento de riesgos por aumento de velocidad y peligrosidad de los túneles. Los responsables de la Consejería de Obras Públicas y, en general, de la mayoría de los dirigentes de nuestra comunidad, especialmente de nuestra isla de Tenerife, deberían replantearse de una vez el modelo de desarrollo que queremos para el futuro. En éste sentido, a día de hoy, ya nadie pone en duda la necesidad de dirigir las políticas de movilidad hacia la reducción del tráfico, la velocidad y el empleo de vehículos más sostenibles y adecuados a la realidad urbana de nuestras ciudades, al tiempo que se potencia la implantación y uso del transporte público. ¿Cuántas líneas de guaguas o tranvías se podrían lograr con esos 45 millones de euros iniciales y los cientos de millones necesarios en el futuro, si se continúa con estos megalómanos proyectos? Desde mi punto de vista, sería conveniente paralizar el inicio de las obras previstas en el hasta que se estudien otras alternativas más viables, razonables y adecuadas, no sólo para el citado tramo de la Plaza de España, sino para toda la ordenación general del frente marítimo de la ciudad. Es mejor parar ahora que gastar y molestar para ejecutar obras provisionales, como el túnel que acabará con gran parte de los laureles de indias de la Avenida de Anaga. Si lo que pretende la Consejería es que algunos conductores se ahorren los semáforos, aumentando con ello la velocidad, sin duda existen otras opciones mucho menos costosas e impactantes que permitirían que Santa Cruz dispusiera de una gran Avenida Marítima uniforme, arbolada y con sistemas públicos de transporte, en lugar del diseño escasamente urbano, que no considera al peatón, el carril bici, bus o tranvía alguno. En algún tramo, el paseo peatonal no alcanza los dos metros de anchura y en amplios intervalos ni siquiera existe arbolado. Resulta chocante que, en un tema urbanístico de tanta trascendencia para nuestra ciudad, el Colegio de Arquitectos, o cualquier otra persona o colectivo no haya promovido debate o manifestado opinión alguna al respecto. Es una auténtica pena que se prive a la ciudad de decidir qué imagen y características desea para su fachada marítima principal.
Joaquín Galera Gaspar, Arquitecto y miembro de Alternativa Sí se puede por Tenerife