Lenta, de forma imperceptible para muchos, pero inexorablemente, se está procediendo a privatizar numerosos servicios del sistema de Seguridad Social público en el Estado español.
Si hace unos años asistíamos a la privatización de servicios como la información telefónica o la generación de determinados programas informáticos (como el de registro de entrada de documentos), últimamente se ha proseguido en este proceso de entrega a empresas privadas de tareas que antes eran gestionadas por empleados públicos, con la cesión de la gestión de cita previa, de la emisión de certificados de vida laboral, o por último, de la gestión de la tarjeta sanitaria europea.

Para colmo de males, no se trata sólo de una cesión a empresas privadas de tareas que se suponen públicas, sino que tal cesión implica en su momento una dotación presupuestaria innecesaria pagada por el contribuyente y que sólo beneficia a la empresa adjudicataria.
Tenemos además los “daños colaterales” del acceso de empresas privadas a fuentes de información protegidas por Ley y el nada despreciable daño de un empeoramiento en la calidad del servicio prestado al ciudadano. Si hace años podíamos obtener de forma presencial en las oficinas de la Tesorería General de Seguridad Social un certificado de vida laboral simplemente acreditando nuestra identidad con el DNI, desde hace varios años, este servicio no se ofrece de forma presencial en ninguna oficina de la TGSS, sino que se debe solicitar por teléfono o por Internet, remitiéndose el certificado por correo al domicilio al cabo de varios días. Igual retraso se plantea desde el 1 de marzo de este año con la tarjeta sanitaria europea, que antes era entregada en mano al interesado en las oficinas del INSS, y que ahora requiere personarse en dicha oficina para pedirla, siendo remitida varios días después por correo al solicitante.
Estos cambios, que en principio parecen hacerse para mejorar el servicio al ciudadano, suponen en la práctica la pérdida de inmediatez en el servicio y la imposibilidad de ofrecerlo en casos de urgencia. Por otro lado, el coste mínimo de esos servicios para la Administración se convierte ahora en enormes gastos por el envío de los documentos por correspondencia. Toda la maquinaria de emisión de tarjetas queda ahora obsoleta en las oficinas del INSS, para poder ser gestionado el servicio por una empresa privada desde Madrid, tras una contratación que en el caso de la TSE supera los 730.000 euros.
En una época de crisis, de recortes presupuestarios ¿por qué de estas medidas? ¿A quién beneficia todo esto? Al público en general no, por supuesto; al funcionario creo que tampoco, pues debe soportar las protestas del ciudadano por estas medidas absurdas. En todo caso, a determinadas empresas que reciben la adjudicación del trabajo público.
Asistimos a estos pequeños y continuos procesos de privatizar y externalizar los trabajos propios de la Administración Pública estatal. No sabemos si el futuro pasará por convertir también a los propios funcionarios en empleados contratados por empresas de ETT para reducir supuestos costes.
Nos hablan de la necesidad de recortar plantillas de funcionarios en un país con más de 4,5 millones de parados, desviando trabajo público a empresas privadas, al más puro estilo neoliberal, ignorando que la minoración de plantillas repercute en peor atención al ciudadano al aumentar la carga de trabajo por persona.
Podrían parecer medidas inocuas si no entendemos que forman parte de un todo más extenso, que nos llevará en el futuro -si no lo evitamos- a soportar peores servicios, como ya ocurre con nuestra asistencia sanitaria derivada cada vez más a centros privados concertados.
La gestión empresarial busca ante todo el beneficio empresarial y no el servicio público, por lo que el perjuicio al ciudadano puede ser mayor en el futuro. Por eso no se entiende cómo es posible entregar estos servicios a empresas, recortando calidad en el servicio al ciudadano.
Es hora de que los ciudadanos/as exijamos a la Administración un cambio de postura.