El lunes 8 de marzo celebramos, un año más, el Día Internacional de las Mujeres. En esta ocasión, conmemoramos un doble centenario: la instauración de esta fecha como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, promovida por Clara Zetkin en el seno de la Internacional Socialista de Mujeres y el acceso de las mujeres a la universidad española impulsada por Emilia Pardo Bazán.

Y, después de estos cien años, aún reconociendo los avances alcanzados, hemos de insistir en que seguimos teniendo razones para ser feministas, y estas razones tienen que ver con la necesidad de modificar los patrones de un modelo económico neo-liberal muy agresivo, de un sistema patriarcal que ha generado desde hace mucho tiempo desigualdad en el reparto de la riqueza, la propiedad, los empleos, los trabajos retribuidos y no retribuidos, los cuidados... y de un modelo de estado “democrático” cuyas instituciones no respetan los derechos de las mujeres.
En estos momentos, adquiere vital importancia luchar por la defensa de los intereses de todas las mujeres, por los derechos no sólo laborales, sino sociales y políticos. Y la concreción de “todas” es muy importante porque, corremos el peligro de que se consigan derechos sólo para un sector de la sociedad, olvidando a aquellos colectivos de mujeres que presentan singularidades que, a menudo, suponen un trato desigual y una ausencia de reconocimiento social que puede traer consigo mayores cotas de exclusión social. Nos estamos refiriendo a las mujeres migrantes, las trabajadoras del hogar y/o cuidadoras sin seguridad social, las trabajadoras del sexo, las que tienen un contrato precario, las que no encuentran trabajo, la gente muy joven que no accede a los métodos de anticoncepción...; colectivos que requieren no sólo solidaridad, sino políticas y recursos públicos que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes así como el sexismo que las legitima.
En el actual contexto político y social, es urgente que nuestras reivindicaciones históricas y no negociables, demandas que tienen relación, entre otras, con el respeto de la autonomía del cuerpo de las mujeres, la libertad sexual y reproductiva, la garantía de equidad e igualdad en el trabajo, el rechazo a toda forma de violencia sexista, la educación y medios de comunicación no sexistas, el rechazo a toda forma de discriminación y exclusión por razones de género o cualquier otra condición, etc., lleguen a todos los sectores, en especial, a aquellos que ostentan cargos de decisión política. Y también a otros movimientos sociales sensibles y cercanos a nuestras demandas.
Las consecuencias de la crisis económica en Canarias y en el Estado español están repercutiendo sobre todo en las mujeres de la clase trabajadora, especialmente las jóvenes y las migrantes. La mayor parte de las personas pobres y excluidas de la sociedad y sin coberturas son mujeres. Nuestro mercado de trabajo se caracteriza principalmente por un cada vez más difícil acceso al empleo, un abuso de la temporalidad y la contratación a tiempo parcial, especialmente para las mujeres, así como por la discriminación salarial, que se sigue manteniendo en torno a un 26%. Por otro lado, el sistema de cuidados sigue recayendo casi exclusivamente en las mujeres.
Al mismo tiempo estamos sufriendo un ataque político e ideológico sobre los derechos conquistados por los movimientos de mujeres.

La lucha por una vida digna siempre nos ha guiado
Desde el movimiento feminista reiteradamente se denuncia la ingente cantidad de dinero público que se ha destinado a financiar un sistema económico que genera desigualdad y exclusiones, mientras la ciudadanía y sobre todo las mujeres sufrimos las consecuencias de la crisis, en un contexto social donde se están dando retrocesos importantes debido a las políticas de privatización de los servicios públicos y a la disminución del gasto social en temas que nos afectan especialmente a las mujeres como es la educación, la sanidad, la ley de dependencia, la feminización de la pobreza, etc.
Es evidente que esta sociedad patriarcal y capitalista ha optado por el beneficio económico frente a la sostenibilidad de la vida humana. Esto significa que las personas no son el objetivo social prioritario, no son un fin en sí mismas, sino que están al servicio de la producción. Los intereses político sociales no están puestos en la consecución de una mayor calidad de vida, sino en el crecimiento de la producción y la obtención de beneficios. Un reflejo claro de ello son todas las políticas de desregulación y flexibilización del mercado laboral de los últimos años, cuyo objetivo no ha sido otro que reducir costes salariales y adaptar los tiempos de trabajo a las exigencias de una supuesta mayor eficiencia y productividad de la empresa, aunque ello esté teniendo claros efectos negativos en la calidad de vida de las personas, y especialmente de las mujeres.
Ni el estado, ni el mercado (es decir, las empresas) están asumiendo la responsabilidad en el cuidado de las personas, situación agravada por el envejecimiento de la población, la inserción de las mujeres en el mercado laboral, el modelo de crecimiento urbano, la precarización del mercado laboral...
Por lo tanto, somos las mujeres, más allá de los casos singulares de hombres que se involucran, quienes nos ocupamos de los cuidados en las casas. Y lo hacemos echando mano de los recursos disponibles: los escasos servicios públicos existentes, la familia para cuidar gratis o el dinero para comprar cuidados.
Ante esta realidad, es necesario construir alternativas feministas que incidan en un cambio de las políticas cuyo objetivo sea cubrir las necesidades de la ciudadanía y no las necesidades de los mercados. Es muy importante que el centro de nuestra atención, sea la sostenibilidad de la vida. La producción capitalista se ha desligado del cuidado de la vida humana, que aparece como un proceso paralelo y autosuficiente. La lógica del crecimiento económico ilimitado y la lógica del mantenimiento de la vida son totalmente opuestas. Cuanto más crecen las economías más biodiversidad se pierde, más se calienta el clima o más profundas son las desigualdades sociales y de género.
Aceptar que el interés debe situarse en el cuidado de las personas, significa desplazar el centro de atención desde la mercantilización de lo público hacia la dignificación de la vida humana, reconociendo en este proceso la actividad de cuidados que hoy es realizada fundamentalmente por las mujeres.
Este 8 de marzo, en que ha quedado demostrado el fracaso de un modelo económico insostenible, es un buen momento para señalar que se puede apostar por poner el sostenimiento de la vida y los cuidados en el centro del modelo. Para ello debemos aunar fuerzas en torno a la propuesta de establecer un modelo económico que contemple nuevas formas de producción y consumo, de reorganizar las estructuras del cuidado repartiendo equitativamente entre mujeres y hombres el trabajo remunerado y no remunerado, de implementar medidas como la reducción general de la jornada laboral, la equiparación de permisos de maternidad y paternidad y un sistema basado en los servicios públicos de educación, sanidad y atención a la dependencia, de calidad y que garanticen la atención universal a todas las personas.
Las políticas actuales de “conciliación” de la vida familiar y laboral están perdiendo su sentido, ya que no abordan el problema de fondo sino que plantean mínimos ajustes, pero manteniendo como objetivo central la obtención de beneficio. Es decir, los tiempos de cuidados deben seguir ajustándose a los tiempos de la producción capitalista. Además, dichas políticas –aunque no se haga explícito- están dirigidas fundamentalmente a las mujeres, cuando son mayoritariamente los varones quienes aún “no concilian” sus tiempos y sus actividades cotidianas. De hecho, las mujeres hemos estado siempre en una práctica continua de “conciliación” sin necesidad de leyes o políticas particulares. Es posible que una ley de “conciliación de trabajo familiar y mercantil” dirigida específicamente a los varones pudiera constituir una forma exitosa de dar visibilidad y reconocimiento al trabajo familiar doméstico.
Hacer al conjunto social responsable de la vida y, particularmente, a las empresas, es una importante clave para cambiar el sistema. Hemos de insistir en la necesidad de poner las estructuras socioeconómicas al servicio de la generación de una vida digna que merezca la pena ser vivida, desterrando la valorización del capital que pone la vida a su servicio. Junto a ello, es necesario la redistribución de todos los trabajos, los que se pagan y los que no. Y, en consecuencia, reivindicar junto al derecho al trabajo, el derecho al tiempo para el desarrollo de las personas, al tiempo de calidad y libremente vivido. Y el derecho al cuidado: a recibir los cuidados que necesitamos a lo largo de la vida, y a cuidar en condiciones personales y laborales justas cuando cuidamos en el mercado de trabajo.
Por todo ello, en estos momentos es imprescindible mantener una férrea defensa de los servicios públicos de calidad y de la gestión directa de éstos por parte de las instituciones públicas. Desde el feminismo no podemos dar tibias respuestas, mucho menos permanecer calladas, ante el ataque furibundo a lo público que se está produciendo en Canarias.
Lo que verdaderamente nos acercaría a la conciliación de la vida personal y laboral, es que las Administraciones públicas, por un lado, asuman la responsabilidad que les corresponde en el cuidado de las personas enfermas, discapacitadas y ancianas, así como de niñas y niños. Es imprescindible la cobertura pública de toda la demanda de escolarización de 0 a 3 años, con un carácter eminentemente educativo. Y se debe prestar especial atención y desarrollo a la necesidad ineludible de articular servicios públicos y universales de calidad, flexibles y variados, en función de las necesidades cambian¬tes de la familia y de la persona dependiente, frente a los concertados y privados, ya que es la única manera de garantizar su accesibilidad y calidad. Han de ser los servicios públicos, en sus diversas modalidades, y no las cuidadoras familiares, el principal recurso de atención a las personas dependientes.
Se debe ir contemplando en las tablas reivindicativas la disminución de la jornada laboral general, introduciendo la necesidad de reconocer el trabajo vinculado a la sostenibilidad de la vida digna como imprescindible para el mantenimiento y avance de nuestra sociedad.
Y, por otra, se deben contemplar también auténticas iniciativas de educación y concienciación social que modifiquen la cultura sexista, para que realmente sean compartidas todas las responsabilidades.
Sin embargo, la respuesta del gobierno canario se aleja radicalmente de estos planteamientos. La realidad muestra claras evidencias de que en Canarias la protección y promoción de la igualdad ha sido bastante precaria a nivel institucional: Planes de Igualdad sin evaluar, el Instituto Canario de la Mujer con apenas financiación propia, desmantelamiento de los escasos recursos de apoyo a la coeducación, cierre o deterioro de los servicios y programas existentes en materia de violencia de género, educación y atención a las necesidades afectivas y sexuales…
Y para conmemorar este 8 de marzo, el pasado nueve de febrero el Parlamento Canario aprobó la Ley Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres, la cual contiene propuestas contradictorias con las políticas económicas y sociales generales que está llevando a cabo el gobierno de Canarias. No hay que olvidar que la actual crisis económica ha sido una excusa perfecta para realizar importantes recortes de servicios públicos y que las políticas económicas han conllevado la precarización del mercado laboral. Y ya sabemos lo que todo esto representa para las mujeres: desigualdad y exclusión.

La aprobación de la Ley del aborto nos exige continuar luchando por nuestra capacidad para decidir

En este pasado mes de febrero también se ha aprobado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción voluntaria del Embarazo. Aún valorando que esta aprobación supone una conquista del movimiento feminista tras largos años defendiendo las libertades y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, nos preocupa que en determinados aspectos siga siendo insuficiente. Entre ellos destacamos:
• Es cierto que la aplicación de esta Ley va a suponer una mejora sustancial para las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 14 semanas de gestación porque no van a tener que justificar ningún motivo, pero a las mujeres que sobrepasan ese número de semanas no se les garantiza el acceso al aborto. Las legislaciones más avanzadas permiten el aborto a decisión de la mujer durante un periodo más amplio. Por lo tanto, para responder a las necesidades de la realidad social actual creemos que se debería haber establecido un plazo único, bajo el criterio científico de viabilidad fetal y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres en este ámbito. Las mujeres que desean abortar lo solicitan lo antes posible; los casos en que aumentan las semanas de embarazo son pocos y están justificados: normalmente por circunstancias sobrevenidas graves que cambian totalmente la situación de esa mujer y su proyecto de vida. No es comprensible que con la nueva ley aumenten las limitaciones e incluso sean ilegales abortos que habían tenido cabida en la regulación del año ’85, hasta hoy vigente.
 En relación a la obligación de esperar tres días y a la información previa al consentimiento, mantenemos la opinión de que no está justificada esta condición. Esta medida representa un intento de ejercer presión sobre la libre decisión de las mujeres, supone una vulneración de los derechos de las mujeres que deciden de forma independiente, capaz y autónoma si desean seguir adelante con un embarazo o no. Entendemos que esta información debe proporcionarse de manera universal a cualquier mujer u hombre en edad reproductiva y no únicamente a aquellas mujeres que han tomado la decisión de practicarse una IVE. La práctica de una IVE no puede verse obstaculizada por la valoración ni juicios morales - que en la práctica van a acompañar a la “entrega” de esta información - de otras personas que no sea la propia mujer.
• La nueva Ley no asegura la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública. Deja una puerta demasiado abierta a la privatización de esta práctica, no especificando los mecanismos de financiación pública que conlleva la puesta en marcha de esta prestación sanitaria.
• No nos parece adecuado el tratamiento especial que se da al aborto en comparación con las demás intervenciones sanitarias en lo que se refiere a las menores, con la condición de informar a los progenitores o tutores. Tampoco estamos de acuerdo en que se necesite la autorización (en abortos que superan un trimestre) bien de profesionales o de comités clínicos, porque pensamos que ésta es una decisión que compete únicamente a la mujer embarazada.
• Aún está por definir cómo se regulará el derecho a la objeción de conciencia, cómo se registrará el nombre de los profesionales sanitarios que decidan objetar. Reiteramos que la objeción de conciencia no debe, en ningún caso, imposibilitar la efectividad de esta prestación en los centros sanitarios públicos.
• Tampoco están claras las medidas que se pondrán en marcha para garantizar que la educación y atención afectivo sexual integral, entendida como una tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados: la familia, el centro educativo, los sistemas sociales de apoyo, el grupo de iguales y los medios de comunicación, sea una realidad.
• Celebramos la financiación de los anticonceptivos, así como todas las medidas contempladas en el ámbito sanitario y educativo. Sin embargo, tememos que su desarrollo en la práctica quede sólo en buenas intenciones, si no se le dota de los medios necesarios y se establecen las medidas que garanticen la equidad territorial, para que llegue a todas las zonas de salud.
• Por último, nos parece inaceptable que el aborto continúe en el Código Penal. La Ley no suprime el artículo 145 del CP, sólo lo modifica. Entendemos que, debido a la variabilidad de interpretación de juezas y jueces sobre la veracidad de los supuestos alegados a la hora de practicarse una IVE, mientras ésta esté tipificada como delito se mantendrá la inseguridad jurídica de mujeres y profesionales.
En Canarias, además, nos enfrentamos a un gobierno de derechas que atenta contra el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, poniendo cortapisas a esta ley, abriendo cauces para subvencionar organizaciones anti-elección, atacando los derechos ya conseguidos.
Como todas y todos sabemos el PP ha abanderado una campaña regresiva en contra de esta Ley y CC en el Congreso de los Diputados, aludiendo al “voto en conciencia”, votó en contra de esta Ley, y en el Senado sus votos se dividieron. ¿Qué podemos esperar, por tanto, del gobierno canario a la hora de respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres canarias?
El derecho al aborto es una cuestión de derechos humanos y de salud pública. La decisión de continuar o interrumpir un embarazo pertenece al ámbito personal, a la ética privada de cada mujer y no puede ser una imposición ni desde el punto de vista penal ni moral, ya que las mujeres tenemos derecho a que se nos respete nuestra autonomía, nuestra dignidad, nuestra libertad moral…; y todas las personas tenemos derecho a venir al mundo siendo queridas y deseadas.
Estamos muy de acuerdo en que los cargos públicos deben actuar siempre en conciencia, sí, porque ello implica atender al interés general de la sociedad, no a sus creencias e intereses particulares, que deben quedar para regir su propia vida personal y familiar.
Quienes dirigen el destino de un pueblo no pueden hacerlo bajo la presión de ningún poder fáctico, no pueden actuar bajo el amparo de una sola moral que desconoce y oculta la realidad de las mujeres y sus derechos humanos básicos. El hecho de que una creencia moral sea defendida y justificada por un grupo de personas, no significa que sea razonable y asumible para la esfera pública de un estado plural y aconfesional.
La actuación en conciencia, debe implicar el inicio de un proceso responsable de necesario y obligatorio ajuste social para eliminar las múltiples deficiencias que rodean el ejercicio del derecho al aborto para las mujeres, el inicio de un proceso que acabe con la persecución a la que son sometidas las mujeres que se enfrentan a la posibilidad de interrumpir un embarazo. Si no es así, la supuesta actuación en conciencia no pasa de ser un fariseísmo moralista que se lava las manos y la conciencia.
Una actuación en conciencia, en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, requiere tener voluntad política y dedicar muchos más recursos públicos a la información, formación y atención afectiva y sexual en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen estos derechos. Y la actual política del gobierno canario no parece seguir este camino.
Un ejemplo lo tenemos en la aprobación de la ley canaria de Igualdad, que recoge el artículo 51 Derecho al embarazo y a la maternidad.
El origen de este artículo está en una iniciativa legislativa popular de la Fundación Red Madre, un grupo donde el 72% de las asociaciones que la integran son religiosas y antielección.
El objetivo de las mismas está claro: conseguir poder actuar con las embarazadas -y ser pagados por ello-, incluso con las que desean, legalmente, interrumpir su embarazo. Con una línea discursiva regresiva y un carácter claramente antiabortista, el contenido de este artículo 51 concentra de una manera práctica, simbólica y emocional, una forma de entender el mundo, y particularmente, la posición que deben ocupar en él las mujeres, desde una determinada retrógrada concepción de la familia, de la sexualidad, de la reproducción, en la cual está en juego el significado del estatus de las mujeres, de su autonomía, de sus derechos, de la igualdad entre hombres y mujeres…
Y en este planteamiento, no creemos posible un punto intermedio, ni un consenso: no hay libertad de las mujeres que se pueda defender a medias. Una Ley que pretenda promover la igualdad, debe plasmar ideológicamente que la mujer es la que decide autónomamente sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su futuro, sobre el papel que quiere jugar, ya sea como mujer que quiere ser madre o que no quiere serlo.
Se debe apoyar a la maternidad, pero no de esta forma paternalista e inductora de lo que las mujeres tienen y deben hacer, no desde la concepción de la mujer como elemento reproductor en esencia, que debe ser tutelada mientras tenga capacidad reproductiva.
Para promover la dignidad de las mujeres, para potenciar unas relaciones igualitarias, no sirve cualquier modelo de educación afectivo sexual. En este mismo artículo se habla de promover una sexualidad responsable. ¿A qué se refieren, a la castidad, o a que se practique sólo dentro del matrimonio heterosexual? Es necesaria una educación y atención afectiva y sexual integral, basada en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, una educación que favorezca que las personas se formen para vivir sin riesgos y satisfactoriamente su sexualidad. Realmente dudamos que este artículo se refiera a este modelo.
Por último, la medida relativa a las subvenciones y convenios con organismos, entidades públicas y centros de iniciativa social, cuya función sea ofrecer asesoramiento y ayudas a las mujeres embarazadas, está claro que generará una red clientelar de asociaciones antielección que no informará a las mujeres de todas las opciones que existen desde un criterio científico, sino de la que les interesa desde su criterio moral. ¡De eso tenemos ya mucha experiencia!
El nueve de febrero se aprobó en el Parlamento Canario la Ley Canaria de igualdad entre mujeres y hombres, con el apoyo de CC y el PP, incluyendo una cortapisa a la inminente Ley de aborto, contraviniendo la legalidad europea que exige respetar la voluntad de las mujeres; una ley que utilizarán los sectores más conservadores y retrógrados para obstaculizar el derecho a decidir de las mujeres. Es curioso, una ley de igualdad que entiende a la mujer como objeto y no como sujeto activo y libre para decidir sobre su vida.
Las mujeres como objeto y no sujeto activo de su liberación en la Ley Canaria de Igualdad
El nueve de febrero se aprobó en el Parlamento Canario la Ley Canaria de igualdad entre mujeres y hombres, con el apoyo de CC y el PP, que, en teoría, debe favorecer un marco legal en Canarias para la protección y promoción del derecho democrático de la igualdad entre mujeres y hombres.
Sin embargo, desde el Colectivo Harimaguada, no sólo no celebramos la aprobación de una ley que no parte del análisis real de las necesidades canarias en esta materia, con un texto que no sólo no garantiza un avance en el impulso de la igualdad y en la protección de los derechos de las mujeres, sino que en algunos artículos suponen un claro retroceso, sin concreción de aplicación presupuestaria que asegure su correcto desarrollo…; sino que valoramos que para CC y el PP, además de la foto de portada, supondrá un avance en sus concepciones sobre la sociedad, la mujer, la sexualidad y la familia; y que los aspectos progresistas que pueda contener la ley se quedarán en una simple declaración de intenciones.
Frente a la falta de derechos se necesitan políticas consistentes, no parches que sustituyan recursos y servicios públicos. No caben las declaraciones de intenciones, que obligan a pretendidos consensos imposibles, que tienen como consecuencia vaguedades y ausencia de compromisos efectivos. Las políticas de igualdad tienen que tener una referencia legislativa explícita. A partir de ahí se hace necesario el compromiso institucional para poner los medios que aseguren su desarrollo. Junto a ello, es preciso que la toma de conciencia individual y colectiva de mujeres y hombres pueda finalmente hacernos conseguir nuestros objetivos: reconocer a todo ser humano digno y establecer relaciones de calidad entre las personas. Ninguna de estas condiciones se da en este caso.
Hemos de ser conscientes de que las instituciones recogen la lógica más formal del discurso de la igualdad (con diferencias según el partido que detenta el poder), se acepta el sistema y por tanto las limitaciones estructurales que éste representa para la libertad de las mujeres; y esto marca los límites de la negociación institucional y explica la imperiosa necesidad de que la lucha por cambios concretos y la exigencia de medidas específicas vaya acompañada de una crítica radical a estos límites y de una lucha en defensa de los mismos en todos los ámbitos, también desde la calle.
La autonomía se convierte así en una condición previa para el éxito de la incidencia o presión política que se pueda realizar en espacios de interlocución con las administraciones públicas.
Autonomía para fijar los objetivos, tiempos y modos de la presión política, para que las políticas de subvenciones no determinen los contenidos ni la agenda feminista, y para que la incidencia política sirva al objetivo de reforzar un movimiento que - nos va mucho en ello - tiene que articular la contestación de las mujeres en el proceso de transformación radical de la sociedad, entendiendo la radicalidad desde su concepción más pura: ir a la raíz de los problemas.
Desde esta perspectiva la participación de las mujeres requiere, en primer lugar, partir de su consideración como sujetos activos con capacidad ética para formular sus deseos y necesidades, incluso en situaciones donde la discriminación o subordinación se manifiestan con extraordinaria dureza, y por tanto huyendo de enfoques permanentemente victimizadores que restan poder a las mujeres.
Para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en la erradicación de la pobreza y en la superación de las desiguales relaciones de poder entre mujeres y hombres, se precisa del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Por ello, es necesario que, a pesar de los tiempos que corren, sigamos creyendo en una sociedad más libre, más justa e igualitaria, sigamos pensando que nuestra fuerza se halla en el mantenimiento de nuestros principios, en la defensa de nuestra dignidad y en la perseverancia en nuestros ideales, y sobre todo, que seamos conscientes que la riqueza de nuestro trabajo está en no olvidar que el impulso que nos caracteriza emana de nuestra autonomía, nuestra radicalidad y nuestra coordinación.
Colectivo Harimaguada