Noticia de prensa: “171.000 euros para estudiar el estrés en CC.OO: curiosa subvención de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. De interés social y sin concurrencia”. Esta noticia aparecía hace unos días en los medios de comunicación locales. Y precisamente me centro en ella, separándola de esas otras muchas que se publican con la intención de desprestigiar al sindicalismo. La crítica a este hecho y a la acción sindical que lo rodea, la hago desde la orilla de la defensa del sindicalismo que se pone al servicio de los trabajadores y trabajadoras.

Que en momentos de crisis, en que el Gobierno de Canarias intenta justificar todos los recortes que está haciendo en servicios públicos básicos, como la Sanidad, la Educación o la inaplicada Ley de Dependencia, se produzca un hecho de estas características, una información como ésta no deja de resultar no sólo curiosa, sino además insultante para esos cientos de miles de personas que se encuentran actualmente en paro en el archipiélago, viviendo muchos de ellos por debajo del umbral de la pobreza.
Se justifica además esta subvención a un sindicato por parte del Gobierno Autónomo, por ser el proyecto “de interés social”, es decir que le debiera interesar al conjunto de la sociedad, que debiera atender a los intereses generales. Además, esta subvención pasa a la categoría de los grupos selectos a los que se concede subvenciones a dedo, “porque sí”, por decisión política, sin concurrencia alguna a una convocatoria pública a la que todos puedan presentarse, y que esté sujeta a baremos, méritos, y demás exigencias, que se le piden al común de los mortales.
Estos hechos son los que vienen a demostrar las curiosas connivencias entre el Poder y algunas organizaciones sindicales y cómo se pueden explicar las causas de determinados comportamientos sindicales -tanto en Canarias como a nivel de Estado- que han convertido a esas organizaciones en apoyos incondicionales de los poderes establecidos para sacar adelante sus políticas y consiguiente abandono de los intereses generales de los trabajadores. A esto se le suele sumar la perpetuación de unos grupos que, cual castas cerradas, convierten al sindicalismo y a la política en su profesión, que generan dependencias internas para seguir con el control de los aparatos y que, en definitiva, usan a las organizaciones en beneficio propio y de los suyos. Son el autodenominado sindicalismo "responsable", favorecido y favorecedor, firmantes de todo y subvencionados por cualquier motivo, incluso sin necesidad de motivarlo.
En el otro lado de la balanza se encuentran las organizaciones asamblearias, en las que se lucha a pecho descubierto, que no son domesticables, que no admiten componendas ni entran por el tortuoso camino de las traiciones a los trabajadores, ni hacen pactos secretos a espaldas de la gente que está en huelga, ni amañan preacuerdos, ni aceptan los cotos cerrados de los firmantes de los preacuerdos que excluyen al resto en el seguimiento de los mismos, ... esas organizaciones (como el STEC-Intersindical Canaria) no son bien vistas por el poder, y por tanto no entran en el círculo de los favorecidos... ni tampoco aspiran a ello.
Por eso se hace tan difícil sacar cabeza en este mundo del sindicalismo. Porque los sindicatos favorecidos, aunque necesarios, están siendo denostados, a veces con razón y en muchos casos de forma interesada, para doblegarlos y que se comporten como mansos corderos en todo el proceso de imposición de reformas laborales, recortes sociales y empeoramiento de los servicios públicos, que estamos sufriendo. Recortes y reformas hechos por los grupos dominantes: gobiernos, empresarios, instituciones financieras, multinacionales e instituciones internacionales, mientras el sindicalismo mayoritario o guarda silencio o alza su voz tímidamente, como si estuviera aturdido, adormecido, amordazado ¿o tal vez complaciente y connivente?
Esto último, me cuesta creerlo, pero a juzgar por las actitudes de estas organizaciones subvencionadas, por la ausencia de movilizaciones contundentes que se opongan a estas medidas, no tengo muchos motivos para pensar lo contrario, a pesar de que deposité una parte de mi confianza –como hicimos muchos miles de trabajadores y trabajadoras- en que la huelga general de septiembre iba a ser el inicio de una serie de convocatorias de protesta y de presión para intentar frenar estas políticas que sólo están dirigidas al perjuicio de los más débiles. No ha sido así. Parece que este tipo de sindicalismo ha claudicado.
Esperemos que el sindicalismo asambleario mantenga la coherencia y la dignidad, aunque tenga un precio muy elevado. Pero hay que seguirlas manteniendo a toda costa, puesto que están en juego los intereses de la mayoría.

(*) Profesor y miembro del STEC-IC