El pasado fin de semana saltó a los noticiarios, nacionales e internacionales, la agresión sufrida por 14 activistas que defendían el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Se ha insistido en numerosos medios en el carácter ilegal de dicha manifestación. Si algo ha quedado claro es que dicha manifestación era ilegal, ya que no contaba con la preceptiva autorización de la autoridades marroquíes. Si sustituimos el objetivo macro por un gran angular podemos obtener una imagen más real de la situación.

El Sáhara Occidental es un territorio donde el término legal es de difícil aplicación. Es probable que sea uno de los lugares del planeta donde más descaradamente se hace caso omiso a los tratados aprobados por la comunidad internacional. Si hacemos un balance histórico veremos como las resoluciones 1514 (Reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los países colonizados) y las 2229 (1966), 2354 (1967), 2591 (1969), 2711 (1970), instando a España a la celebración de un referéndum de autodeterminación, fueron desoídas por el régimen del General Franco.
Una vez iniciada la invasión pacífica del Sáhara, con la Marcha Verde, es el Consejo de Seguridad quien aprueba la resolución 380 por la que se insta a Marruecos a retirar a los participantes en la misma. Sin comentarios…
Tampoco parece acorde con la normativa internacional el uso del fósforo y el napalm en los bombardeos de Guelta Zemmour, Tifariti y Um Dreiga. Ni el terrible asesinato de siete pescadores del barco Cruz del Mar, cuya autoría es aún un misterio.
La potencia ocupante tampoco ha hecho caso de la resolución del Consejo de Seguridad 33/31 A, que señala: el derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación e independencia.
Tampoco parece legal la explotación de los recursos de un territorio ocupado militarmente por otro país. Marruecos comercia con los fosfatos de Bucraa, con los áridos del Aaiún, la pesca del Banco Canario-Sahariano, etc. Esto es grave, pues hay países que negocian acuerdos de pesca de aguas territoriales de un país ocupado o adquieren materias primas de la misma procedencia. Creo que la ley contempla el carácter delictivo de la compra de bienes robados, pero cuando se trata de países, más si son poderosos, el cinismo no tiene límites.
Por último: ¿dónde está el cumplimiento de los Derechos Humanos en el Sáhara ocupado?; palizas y torturas, encarcelamientos, expulsiones (como la de Aminetu Haidar) y falta de garantías procesales en los juicios a los activistas forman parte del día a día de los saharauis que viven en las zonas ocupadas.
Queda claro que la manifestación ilegal de los 14 activistas españoles no hace sino poner de manifiesto un espantoso sumatorio de ilegalidades que sólo han servido para crear sufrimiento, pobreza e inestabilidad geopolítica en toda esta zona del mundo… y pingües beneficios económicos para unos pocos.
Constantino Criado es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna.