Consideran que supone una merma para la universidad pública canaria porque a la larga afectará al presupuesto destinado para estas instituciones y su operatividad, como ya ocurre en otros puntos del Estado donde conviven universidades privadas y públicas.

Desde la organización de izquierdas se considera que la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, que permite la participación de los rectores de universidades privadas en el Consejo Universitario de Canarias, representa un peligro potencial ya que en este órgano se establecen las titulaciones, las líneas de subvención, las modificaciones de estudios,…“Alternativa Sí se puede por Tenerife apoya a todas las organizaciones e instituciones que promueven el respeto a la universidad pública como el mejor camino para dotarnos de una educación superior de calidad y abierta a toda la población. En esta línea queremos trasladar, en los ayuntamientos donde tenemos representación, mociones donde se muestre nuestro rechazo a la instalación de una universidad privada en la Isla”.
“Es necesario que establezcamos un trabajo coordinado y unitario de todas las organizaciones e instituciones que apuesten por defender la educación publica en toda Canarias”, añadieron desde esta formación política, que también consideran fundamental que se consulte a las dos universidades publicas canarias antes de instalar una universidad privada, ya que son estas instituciones que prestan servicio a varias decenas de miles de estudiantes las que se verán más perjudicadas.
“Creemos que es necesario que desde el ámbito político canario se demuestre que más allá de los potentes intereses económicos y especulativos que se esconden detrás de la implantación de universidades privadas en Canarias, se haga una apuesta por favorecer a las universidades de La Laguna y Las Palmas, colaborando en la descentralización de instalaciones universitarias a nuevos municipios e Islas, para de esta manera acercar la educación pública superior a todos y todas. Además consideremos que precisamente en este momento de dificultad económica general es aún más peligroso este tipo de iniciativas que pueden perjudicar más a determinados estudios que con la aplicación del plan Bolonia ya han quedado bastante dañados”.
Imagen: Asamblea Canaria por el Reparto de La Riqueza