Lo hacen a solicitud de la Asociación “Domitila Hernández. Por la igualdad de Oportunidades desde Tacoronte” y se debatirán el Viernes 4 de noviembre de 2009 a las 12 horas
Esta iniciativa es un paso más en defensa del derecho a una vida deseada, digna y saludable y persigue que el Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte se comprometa a favorecer e impulsar políticas municipales que faciliten la ejecución de programas de educación afectivo-sexual, con la consignación en los presupuestos municipales para el año 2010 de una partida económica específica.
Asimismo, piden que “la Corporación inste al Ejecutivo español y al Gobierno de Canarias, a desarrollar un articulado de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo claro y preciso, que ampare el derecho a decidir de las mujeres, tanto adultas como jóvenes, que tenga en cuenta las aportaciones de los movimientos de mujeres y de las entidades profesionales, y que garantice una mejora sustancial en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos en nuestra sociedad, como parte de los derechos humanos y que se reconozca y respete el derecho de las mujeres a decidir ser madres o no, y se garanticen los medios y servicios públicos para que puedan llevar adelante sus propias decisiones reproductivas y sus proyectos de vida”.
Las dos formaciones políticas coinciden en exigir “la puesta en marcha de Planes de Educación y Atención a la Salud Sexual y Reproductiva efectivos y coherentes, que posibiliten una educación y atención afectivo-sexual integral, basada en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, favoreciendo que las personas se formen para vivir sin riesgos y satisfactoriamente su sexualidad”.
En este mismo pleno, Sí se puede presentará otras 4 mociones y 5 preguntas, destacando una moción para promover una declaración institucional en apoyo de la activista saharaui Aminatou Haidar, otra para promover la presentación de proyectos de carácter medioambiental destinados a acogerse al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y otra para solicitar la dimisión o el cese del concejal responsable del Área de Urbanismo del Consistorio tacorontero, por las posiciones mantenidas ante el debate del PGOU.
