viernes, 23 de abril de 2010

Alternativa Sí se puede por Tenerife pone en marcha una campaña para exigir el cumplimiento de la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos.


Se llevará a cabo en todas las Islas, en colaboración con las organizaciones políticas Alternativa Ciudadana Veinticinco de Mayo (Lanzarote), Iniciativa por El Hierro y Los Verdes de Fuerteventura, y se articula “como una respuesta ciudadana ante la preocupante sucesión de casos de mala gestión en las Administraciones Públicas canarias, que pretenden pagar su incapacidad con 500€ de cada contribuyente”

En rueda de prensa, Domingo Garí, Paco Déniz y José García Casanova, miembros de la Coordinadora Insular de Sí se puede, manifestaron que, “Escándalos financieros como el de Montaña Tebeto, Las Teresitas, el Canódromo, o Tindaya, han generado gran alarma social en nuestra ciudadanía, que, ante la negligente actuación de algunas Administraciones públicas, se verá obligada a pagar de sus bolsillos una importante cantidad de dinero (unos 500€ por contribuyente), y esto nos obliga a promover esta campaña para exigir el cumplimiento riguroso de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, que advierten que las personas que de forma irresponsable incurran en errores e irregularidades que afecten a las arcas públicas, deberán responder con su patrimonio ante sus actuaciones fraudulentas”.

Para Sí se puede, “La gestión de lo publico, que deben ejercer quienes nos representan y gestionan unos fondos que son de todas las personas y que deben ser utilizados y redistribuidos en fines que resuelvan las necesidades de la mayoría de la población, considerando, además, las necesidades de las minorías, debe estar ligada a un verdadero sentido de servicio y defensa del bien común y su incumplimiento debe ir acompañado de la asunción de responsabilidades patrimoniales”.

Desde la organización de izquierdas se explica que, “Recientemente hemos conocido la suma de las grandes cifras que debemos pagar en razón de las grandes chapuzas e ilegalidades cometidas por los representantes institucionales de la Administración Pública canaria: 439 millones de euros, que salen fundamentalmente de la indemnización del Parlamento (14 millones de €), Montaña Rayada (33 millones), Lopesan (40 millones), Las Teresitas (52 millones), El Canódromo de Gran Canaria (34 millones), EMMASA (60 millones), Montaña Tebeto (103 millones) y Tindaya (41 millones), pero, sin embargo, a esta cantidad hay que sumarle otros 1.000 millones perdidos entre malas actuaciones, contratos nulos y desfalcos en la actuación de ayuntamientos, cabildos insulares, Gobierno de Canarias o entidades públicas que no funcionan, o cuyo fin no se justifica realmente”.

Los dirigentes de Sí se puede destacan que, “Todo esto sale a la luz pública precisamente en un momento difícil para Canarias, sobre todo para el 28% de personas que viven por debajo del nivel de la pobreza y para el 26% de personas desempleadas, teniendo que añadir a esta dramática situación el precario estado de los servicios sociales, la carencia histórica de centros de acogida de mayores y personas enfermas, la precariedad en recursos personales, materiales, formativos y la precariedad en la que trabajan los organismos competentes en materia de servicios sociales e inmigración de casi todas las administraciones”.

“El colmo de la injusticia que supone esta situación es la pretensión de José Manuel Soria, Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, de asumir estas deudas retrayéndolas de las partidas destinadas a Sanidad y Educación, dos servicios fundamentales para garantizar la calidad de vida, la equidad y la justicia redistributiva en un país democrático”, denuncia Sí se puede.

Desde la formación de izquierdas se insiste en que, “La población canaria debería saber que con esa cantidad de dinero público mal gestionado se podrían construir 300 centros municipales de salud, ó 1000 guarderías, ó 28 hospitales, o 400 centros para personas discapacitadas, por lo que hacemos un llamamiento a la movilización para exigir la aplicación efectiva de las leyes, su ampliación y perfeccionamiento, para que los responsables políticos de este derroche puedan ser juzgados y para responder de forma civil y penal por sus errores, con su patrimonio personal y no con el de la ciudadanía”.

Por todo esto Sí se puede pone en marcha esta campaña de recogida de firmas, que puede ser suscrita en Internet accediendo a la web www.responsabilidadpatrimonial.org, y que en su momento serán registradas como petición en el Parlamento canario y en el español.


Enlaces de interés:

¿Cobran a los gobernantes sus ´chapuzas administrativas´? Vía: laopinion.es

Izquierdistas contra las ''chapuzas'' como Tebeto. Vía: canariasahora.es

Piden que los políticos canarios paguen con su patrimonio los errores que "cuesten dinero a las arcas públicas". Vía: europapress.es