Desde Sí se puede solicitarán una reunión al Partido Socialista para exigirle medidas concretas contra el nuevo Catálogo, fruto del empeño político del Gobierno de Canarias por iniciar las obras del Puerto de Granadilla. Asimismo, señalan las graves consecuencias económicas y sociales que se derivarían del inicio de las obras.

Alternativa Sí se puede ha decidido solicitar al PSOE una reunión bilateral en la que se le exigirá medidas concretas, dada la responsabilidad que le corresponde en uno de los mayores conflictos sociales y ambientales de Canarias: el Puerto de Granadilla. La organización ecosocialista propondrá al Partido Socialista que impulse ante el Gobierno central las siguientes medidas: 1) que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley canaria del Catálogo de Especies Protegidas; 2) que no exista financiación del Ministerio de Fomento para las obras del puerto de Granadilla en los Presupuestos Generales del Estado; 3) que en su lugar se activen las inversiones del Plan Canarias en todo lo referido a mejoras en educación, salud pública, desarrollo de las energías renovables, impulso al sector primario, rehabilitación de la planta turística obsoleta, y en todos aquellos sectores capaces de tirar del empleo a la vez que resuelven los déficit sociales de nuestra tierra.
Para esta formación política, el anuncio del inicio de las obras del Puerto constituye un intento de sentar la base jurídica para que las empresas adjudicatarias puedan cobrar indemnizaciones cuando se verifique, un poco más adelante, que no existe financiación real para el proyecto (puesto que la legislación prohíbe de forma taxativa acometer obras públicas sin financiación pública garantizada). En un momento de crisis económica esta forma perversa de actuar supondría un derroche sin precedentes que se sumaría al montante total de dinero público desperdiciado en este tipo de indemnizaciones (casos Montaña Rayada, Tebeto o Tindaya, entre otros). Al respecto, Sí se puede, junto a otras organizaciones políticas de la Izquierda Alternativa Canaria, desarrollan una campaña de recogida de firmas solicitando el cumplimiento de la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos frente a este tipo de desfalcos.
Según Fernando Sabaté, candidato al Cabildo por Sí se puede, “el PSC–PSOE tiene una cuota de responsabilidad importante: más allá de su pronunciamiento en contra de algunos ‘efectos colaterales’ del puerto de Granadilla (como la descatalogación), el Partido Socialista tiene en su mano las acciones más contundentes que ahora se pueden acometer para frenar de una vez la sinrazón del puerto de Granadilla”. De igual modo, Sabaté señala que “de forma oportunista e irresponsable, los grupos de poder interesados en el macropuerto anuncian que éste creará numerosos puestos de trabajo. Mienten otra vez.” Alternativa Sí se puede recuerda que “el único documento oficial de la propia Autoridad Portuaria que se refiere a este asunto calcula un máximo de 45 personas contratadas en el momento de mayor pujanza de las obras. Pero a nadie se le escapa que las mismas cifras de inversión, colocada en infraestructuras y servicios de verdadero interés social, como los Hospitales del Norte y del Sur, la mejora de centros educativos, el mantenimiento de carreteras ya existentes, sí que crearían miles de puestos de trabajo, más duraderos y de mayor calidad”.