Pedro Fernández Arcila, portavoz local de la formación de izquierdas, manifestó su profundo desacuerdo con las intenciones de la Consejería de Educación de cerrar el CEIP Tena Artigas en Miramar y la constatación de la desaparición de los cursos de la ESO del CEO Hermanos Estévanez Murphy, del barrio de La Salud.

Para Fernández Arcila “se trata de una tomadura de pelo a la ciudadanía que se quiera cerrar unos centros que hasta ahora han formado a centenares de niños y niñas con la excusa de la escasez de recursos económicos. Debemos ser conscientes que la práctica totalidad del profesorado de ambos centros es funcionariado con plaza que, pase lo que pase, va a seguir percibiendo su remuneración, mientras que el mantenimiento es llevado por el Ayuntamiento que con unas pocas medidas de ahorro energético podría abaratarse considerablemente”.
En opinión del portavoz local de Sí se puede “la causa de la inminente amenaza de cierre se basa en el descenso de las ratios de alumnos en esa zona ante la bajada de la natalidad. La Consejería deliberadamente no quiere que existan colegios con menos de veinte alumnos por aula, cuando todos los informes demuestran que son precisamente los centros con menores ratios los que logran un alumnado mejor preparado y con menor índice de abandono”. En este sentido Arcila apunta que “ante medidas como éstas no es casual que en Canarias, con unas de las ratios más altas en la proporción alumnos/profesores, tengamos en la última década unas cifras de fracaso escolar que nos sitúan a la cabeza del conjunto del Estado y que, mientras que en la Unión Europea para este año se esperaba conseguir menos de un 10% de abandono escolar, nosotros tengamos más de un 36%”.
Según Arcila “es necesario que seamos conscientes que una medida como esta tendrá un efecto negativo también sobre los centros cercanos, que verán aumentar el número de alumnos contando con los mismos recursos y espacios”.
Desde Sí se puede consideran necesario, “que el Ayuntamiento se ponga del lado del alumnado y de las AMPA de los respectivos centros para hacer entrar en razón a la Consejería, que al fin y al cabo es de su mismo partido político”.
Arcila hace un llamamiento, tanto a la Consejería como al Ayuntamiento, para que “establezcan excepciones en las ratios tendentes a favorecer una mejora de la calidad de la educación pública canaria, ya que estamos convencidos de que es un enorme beneficio para la colectividad que se pueda reducir el número de niños por aula para que de esta manera puedan recibir una formación más personalizada”, concluyendo que, “la toma de este tipo de decisiones no se puede basar en criterios puramente económicos o estadísticos cuando hablamos de un servicio público tan importante como el educativo”.