El pasado miércoles 7 de abril se desconvocó el paro patronal de los transportistas que afectaba al suministro de mercancías por tierra en la isla de Tenerife y por consiguiente a las islas no capitalinas. Al día siguiente, el consejero de Obras Públicas y Transportes de Canarias y la Secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, llegaron a un acuerdo para la prórroga por dos años más de la implantación del tacógrafo digital.

Este instrumento entró en vigor en enero de 2006 en todo el Estado español (menos en Canarias) para vehículos con un peso mayor de 3,5 toneladas. Los empresarios canarios del transporte pidieron una prórroga para adaptar la normativa a las peculiaridades de las Islas y ésta se les concedió hasta 2008. Una vez cumplido el plazo, el Gobierno de Canarias volvió a concederles un nuevo retraso hasta 2010. Aunque el Gobierno estatal lo denunció, al final se mantuvo este segundo aplazamiento. Y ahora en 2010, cuando ya parecía inminente la entrada en vigor del aparato que controla los tiempos de trabajo y de descanso de los transportistas, una huelga hace que el Gobierno de Canarias, con la complacencia del central, aplacen nuevamente la implantación hasta 2012. Para justificarlo esgrimen siempre la misma excusa: estudiar su adaptación a las peculiaridades canarias.
La pasada semana, el sector del transporte discrecional en Tenerife organizaba un paro patronal que duró tres días. En muchos casos, los autónomos formaron piquetes mientras sus empleados hacían la ruta con normalidad, y es que situaciones como estas son el pan nuestro de cada día en el sector. Con la excusa de exigir la habilitación de áreas de descanso lo que realmente se ha buscado y se busca es no implantar tacógrafo para seguir teniendo las manos libres e imponer cualquier clase de horarios a sus empleados. Pero lo más triste ha sido ver cómo algunos conductores, engañados con la excusa de las posibles sanciones que deben pagar ellos (debidas sobre todo a la manipulación del tacógrafo), apoyaron una huelga que no hace más que recortar sus legítimos derechos.
El sector del transporte en Tenerife quizás sea de los más precarios. Mientras prácticamente en todo el Estado español existe un convenio que lo regula, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no existe ningún tipo de regulación en el sector. El motivo es claro: en el año 2004, cuando un grupo importante de conductores intentaron que se estableciera uno, entraron en escena los que esta semana se manifestaron, amenazando con despidos masivos a todo el que volviera a reunirse. Las prácticas caciquiles en el transporte insular han sido moneda corriente, favoreciendo la degradación de sus condiciones laborales.
El principal problema que existe en Canarias con respecto al transporte y los autónomos es que se trata de un sector sin regulación de precios. Muchos de sus agentes se han dedicado a aplicar el neoliberalismo más salvaje, bajando tanto los precios que prácticamente no tienen beneficios. De este modo necesitan más viajes con menos trabajadores y sueldos más bajos, lo que se traduce en empleo precario y con horarios de hasta 18 horas o incluso más. En su mayoría, estos trabajadores reciben (o recibían, puesto que la crisis ha hecho mucha mella al respecto) un sueldo en nómina y un sobre bajo la mesa. Con la excusa de las dificultades económicas que atravesamos, la mayoría ha visto como la cantidad de dinero percibida ha sido reducida, pero el horario sigue siendo el mismo.
Un sector tan importante necesita un convenio colectivo donde se regulen de una vez por todas sueldos, horarios y descansos, así como la imprescindible implantación del tacógrafo digital que controle su cumplimiento. Cuando se habla del horarios de los conductores no podemos caer en el error de considerar sólo el tiempo de conducción, olvidando las jornadas de trabajo por encima de 15 horas que padecen muchos transportistas. Una persona que haya trabajado este tiempo no sólo es una persona explotada sino un peligro sobre ruedas para todo el que conduce y se lo cruza.