El estado de “emergencia social” certifica la responsabilidad política de los problemas de exclusión social en Santa Cruz de Tenerife.

Tenerife, en tanto isla, y su capital, como ciudad, superan las medias de personas bajo el umbral de la pobreza y de incremento de la pobreza relativa de la Comunidad Autónoma, que de por sí se encuentra en los primeros puestos de ambas clasificaciones negativas en el Estado: cuarta y primera, respectivamente, según estudios del Instituto Nacional de Estadística para el año 2006. En consecuencia, desde Sí se puede se critica que después de más de tres años sigamos en situación de “Emergencia Social”.



Desde la organización ecosocialista se considera que la problemática de la exclusión social es un fenómeno complejo, que no sólo engloba carencias económicas, sino que atañe a las dificultades de acceso al mercado de trabajo y a bienes y recursos básicos (vivienda, salud, educación...). Santa Cruz de Tenerife cuenta con una importante proporción de población en potencial situación de marginalidad económica y social, que nuestros gestores municipales han venido a descubrir en los últimos tiempos.



Añaden que, las competencias canarias en materia de protección pública quedan reguladas por la Ley de Servicios Sociales 9/1987 de 28 de abril. Su objetivo es la prevención y erradicación de la pobreza y la exclusión social, así como la promoción de una mayor calidad de vida de la ciudadanía. Si bien la responsabilidad es compartida por el Gobierno Autonómico y los Cabildos Insulares (ya lloramos los datos del INE y del ISTAC), la Ley 9/1987 especifica que, por un evidente principio de cercanía a los destinatarios de la protección social, los Ayuntamientos tienen la máxima responsabilidad en los servicios sociales de atención primaria del territorio municipal. En particular, es la primera Administración que debe detectar grupos vulnerables y sus necesidades.



También recuerdan que, veintidós años después de la promulgación de la Ley de Servicios Sociales y catorce de ejercicio del actual Alcalde, es pertinente informar que el documento jurídico prevé que los Ayuntamientos puedan contar con la participación de entidades colaboradoras. A este punto, obedece la situación de desamparo que denuncian entidades como Cáritas y Cruz Roja, puesto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no sólo tiende a invertir menos en políticas contra la exclusión social, sino que se abraza al apartado de “participación de entidades colaboradoras”, desentendiéndose de la gestión directa de los equipamientos de atención.



Lo expuesto, no sólo se sustenta en el incumplimiento de lo previsto por ley, sino también en datos estadísticos que ofrecen la imagen real que ha llevado al decreto de “emergencia social”: la renta media del área metropolitana se situaba en 2004 en 566€ -la más alta de la isla, con excepción de algunos municipios turísticos del sur. Sin embargo, el grado de desigualdad en su reparto se presenta significativo, al concentrar el porcentaje más alto de hogares (14,4%) con ingresos superiores a los 1382€ y, al mismo tiempo, uno de los más elevados entre los perceptores de las rentas más bajas, inferiores a los 457€ (23,7%).



Para Sí se puede en Santa Cruz, la existencia de grupos de exclusión social numerosos y variados marca de forma trágica la estructura social de nuestra Capital, Isla y Archipiélago. La lógica que impide cambios esenciales en los órganos de decisión es sociológica e históricamente explicable, pero se hace necesario equilibrar la mala gestión pública de nuestra Corporación, que, como queda argumentado, es la principal impulsora de los altos índices de exclusión social que afectan a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.