En relación con los problemas energéticos manifestados en nuestra Isla en las últimas semanas, Alternativa Sí se puede repasa cinco acusaciones emitidas desde el bloque de poder que dan risa, y plantea muy en serio cinco propuestas alternativas:

1. La realidad de los últimos casos de cero eléctrico es simple y vergonzosa: la caída principal y más duradera de la producción energética (18 de febrero) se debió a la existencia de filtraciones de agua (‘goteras’), debido al pésimo mantenimiento de la cubierta de la central de Las Caletillas, provocando después que saltara en cadena la central interconectada de Granadilla. La existencia de las filtraciones fue reconocida por el portavoz de la propia Unelco, con la boca chica. El apagón del 2 de marzo fue, al parecer, una consecuencia diferida del anterior, por la persistencia de ‘humedades’ que provocaron el cortocircuito en un interruptor de la subestación de Candelaria.
2. En el caso particular de las obras en la Central de Granadilla, paralizadas durante algún tiempo por el Ayuntamiento, nos preguntamos: Endesa, una multinacional que obtiene beneficios multimillonarios (7.169 millones de euros en 2008, a pesar de la crisis), ¿no tiene que solicitar los permisos municipales para sus obras? ¿No tiene que abonar las tasas y licencias locales, como cualquier particular o empresa que actúa en el municipio? ¿Qué pretenden tantos ‘defensores’ que le han salido ahora a la ‘pobre Endesa’? ¿Le sugieren al Ayuntamiento, acaso, que eluda el cumplimiento de la legalidad?
3. Un asunto colateral: se aprovechan los ceros eléctricos para traer a colación las impactantes torretas del Sur de Tenerife, culpando a los del ‘no a todo’ (y más en concreto, al movimiento ciudadano que se opuso al tendido aéreo por Vilaflor) de la implantación de ese tendido. Al respecto recordamos lo siguiente: a) Todos los máximos dirigentes insulares de Coalición Canaria (Melchior, Zerolo, Oramas, Bermúdez y un largo etcétera), participaron en la gran manifestación de noviembre de 2002 (una participación que resultó muy controvertida). b) La reivindicación del movimiento ciudadano contra las torres de Vilaflor fue siempre que el tendido discurriera de manera soterrada, para evitar su afección al paisaje cualquiera que fuese su trazado. c) Unelco–Endesa y las autoridades públicas canarias respondieron entonces que resultaba técnicamente inviable que un tendido de alta tensión discurriera bajo tierra. d) No mucho después, en 2008, el Cabildo plantea la viabilidad de construir una zanja, a lo largo de todo el trazado del proyectado tren al Sur, por la que podrían discurrir los cables de alta tensión y otros tendidos estratégicos. ¿Antes no y ahora sí? ¿Por qué? ¿Quién es entonces responsable del impacto de las torres?
4. ¿Es una tercera central térmica, ahora en el Norte, la solución a los problemas energéticos de Tenerife? La Agencia Internacional de la Energía, sostiene con datos que estamos alcanzando el cenit del petróleo; esto es, la situación en la que los incrementos que provienen de nuevos proyectos petroleros están siendo incapaces de amortiguar las tasas de declive de los restantes yacimientos. El presidente de Petrobras, la compañía del Estado de Brasil (considerada la 15ª del sector a nivel mundial), declaró recientemente que este año 2010 alcanzaremos el techo de la producción petrolera y empezaremos el declive. Esta opinión es compartida por numerosos analistas. El problema no es tan sólo el agotamiento inexorable de los combustibles fósiles a medio plazo, sino el alza progresiva de sus precios a medida que vayan resultando más y más escasos. Cifrar la continuidad del desarrollo energético de Canarias en el petróleo y el gas no sólo tiene fecha de caducidad, sino que constituye una temeridad económica: ahora mismo, la energía en forma de petróleo representa el primer producto de importación de Canarias, ascendiendo su coste a más de 1.200 millones de euros cada año. Desde 2001 el precio mundial del crudo se ha multiplicado por cinco, repercutiendo en el coste energético de Canarias. A partir de ahora es previsible que lo siga haciendo cada año más.
5. La manifestación extrema de esta huida hacia adelante consiste en llegar a proponer ahora una central nuclear en Tenerife. Ignoramos si se trata de una ‘maniobra de distracción’. Merece, en cualquier caso, recordar lo siguiente: en el Estado español existe desde hace tiempo una moratoria a la implantación de nuevas centrales nucleares; lo único que se discute en serio es la oportunidad o el plazo para cerrar las existentes (o, al menos, las más obsoletas), así como el lugar donde se almacenan sus desechos radiactivos. Ni siquiera el PP está proponiendo la implantación de nuevas centrales atómicas. De hecho, durante tres decenios (antes incluso del accidente de Chernóbil) ha tenido lugar de facto una moratoria en la construcción de nuevas centrales nucleares en todos los países desarrollados. En Canarias, además, constituye un disparate la hipótesis nuclear debido al riesgo sísmico y volcánico que afecta al conjunto del territorio. Las centrales nucleares son los sistemas de producción eléctrica menos flexibles y adaptables a las variaciones de la demanda: la rigidez de la producción atómica obliga, cuando baja el consumo, a tener que parar la producción de los parques eólicos, desaprovechando esta fuente barata y limpia (incluso las centrales térmicas sí que pueden bajar con facilidad su producción para evitar que esto ocurra); por tanto, la energía nuclear es un obstáculo para el aprovechamiento de la energía renovable ya disponible, y para su expansión futura. Las centrales nucleares son ruinosas desde el punto de vista económico y, después de seis décadas de implantadas, no pueden subsistir sin subvenciones públicas. Por último, sus reservas mundiales de combustible —uranio— tienen un plazo de caducidad tan escaso como el petróleo (y que se reduciría en mucho si aumentara la construcción munidal de centrales nucleares).

CINCO ALTERNATIVAS SERIAS

6. La primera prioridad, en Canarias y en cualquier parte, tiene que ser el AHORRO ENERGÉTICO. Algunos cálculos cifran las posibilidades de evitar gasto mediante tecnologías más eficientes y en desarrollar todo el potencial de ahorro mediante políticas de educación y concienciación cívica, hasta en un 40 por ciento del actual consumo energético de Canarias. Por ejemplo, sería mucho más rentable y beneficioso para el sistema elétrico insular regalar a todos los hogares y empresas bombillas de bajo consumo (a cambio de la recogida de las bombillas convencionales) que construir una central nueva. Es mucho más barato ahorrar un vatio que tener que producirlo.
7. La segunda acción es la apuesta, en serio y no de boquilla, por las energías renovables. El Plan Energético de Canarias (PECAN), en vigor para el periodo 2006–2015, cita textualmente en su página 23: “las posibilidades de explotación de las fuentes de energía renovables están infrautilizadas actualmente en Canarias. La Comunidad reconoce que es necesario promover las fuentes de energía renovables con carácter prioritario, ya que su explotación contribuye a un desarrollo mediambientalmente sostenible. Además, esta medida puede ser fuente de empleo local, tener repercusiones positivas en la cohesión social, contribuir a la seguridad del aprovisionamiento y hacer posible que se cumplan los objetivos de Kyoto…”. Simplemente, habría que cumplirlo.
8. Pero, en la práctica, lo que se ha producido es un BLOQUEO REAL (¿y deliberado?) al desarrollo de las energías renovables. El PECAN plantea conseguir para el año 2015 que casi un 30 por ciento de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables, alcanzando una potencia instalada de 1.025 Mw en el ámbito de la energía eólica. Primero impulsaron un concurso eólico diseñado para beneficiar en exclusiva a las grandes empresas y excluir tanto como fuera posible la participación de pequeñas empresas locales, Ayuntamientos y Cabildos; encima, amañaron y corrompieron su desarrollo, de modo que acabó en los tribunales y retrasó por más de un lustro las concesiones. El actual concurso eólico, cuyas resoluciones también marchan con mucho retraso, pretende asignar concesiones por un total de 440 Mw; una vez resuelta la convocatoria, Canarias contaría con unos 600 Mw instalados. Se trata de una potencia ridícula, comparada con el potencial existente, cuando hay interés por parte de empresas locales y foráneas en instalar hasta diez veces más de lo permitido por el Gobierno, sin coste alguno para el ciudadano y con ingresos rentables para las corporaciones locales. También se redactan condicionantes inadmisibles para que el concurso acabe en un conglomerado de reclamaciones y recursos que hagan inviable la instalación de la potencia adjudicada (según algunos análisis, el 80 por ciento de los parques eólicos adjudicados en Canarias no se podrán ejecutar). Como resultado, en Canarias hace más de diez años que no se instala un solo aerogenerador nuevo.
• ¿Por qué sucede esto? Es un clamor entre todos los agentes que intentan apostar por la inversión en fuentes renovables, incluyendo también la energía solar fotovoltaica, el exceso de complejidad administrativa y los frenos injustificables que sufren las autorizaciones. Existen barreras de entrada forzadas, al parecer, por el régimen de monopolio que ejerce la multinacional Unelco–Endesa, en detrimento del interés general, utilizando al poder político en complicidad con técnicos que redactan y aplican los planes. De este modo, el gobierno CC–PP, y las empresas que se benefician del actual sistema de monopolio energético en Canarias (Unelco–Endesa y los proveedores de combustibles fósiles: Cepsa, Disa y en un futurible Gascán), son los auténticos promotores del ‘no a todo’. Desde luego, del NO a las energías limpias y renovables. En Canarias producimos apenas el 4 por ciento del consumo eléctrico mediante energías limpias. Navarra, con condiciones de partida mucho peores que las nuestras, ya se abastece en un 70 por ciento de fuentes renovables.
• Existen otros beneficiarios del NO a la implantación de las renovables, quizás no tan obvios, pero igual de importantes a la hora de entender las barreras de entrada. Para que Gascán salga adelante, hay que construir la planta regasificadora de GNL (Gas Natural Licuado) en Granadilla; ésta venderá a Unelco–Endesa el gas necesario para continuar el monopolio de la producción eléctrica. Y para abastecer de GNL a la planta supuestamente hay que construir el puerto industrial de Granadilla. Y, qué “casualidad”, las empresas concesionarias de las obras de construcción del puerto y algunos de los propietarios de los terrenos anexos, son consejeros y/o accionistas de Gascán (con lo que se consigue la cuadratura del círculo energético en Canarias).
9. Los defensores de los combustibles fósiles (gas y petróleo) argumentan que la implantación de energías renovables no se puede llevar a cabo con mayor celeridad porque es más costosa para los ciudadanos, debido a la subvención que se paga a la producción (que luego repercute en la factura eléctrica). También argumentan que no se puede mantener la demanda energética a base de renovables por la inconsistencia en la producción. Son argumentos falsos, por sesgados e incompletos, porque nadie está reclamando un 100 por ciento de uso de renovables y un abandono de fósiles de hoy para mañana. Lo que se reclama es una acción proactiva y prioritaria para la implantación de renovables alcanzando, poco a poco, un mayor equilibrio que garantice el funcionamiento del sistema y la demanda de la ciudadanía. Las posibilidades de caminar desde ahora mismo en la dirección correcta son muy grandes (véase cuadro en el anexo).
10. ¿Cómo conjugar todo lo anterior? Es decir: ¿cómo compatibilizar un sistema insular de abastecimiento energético basado en la diversidad de fuentes energéticas (convencionales y renovables)? ¿Cómo combinar fuentes más concentradas (central térmica) y articularlas a una constelación de parques eólicos, huertos solares sobre las cubiertas de las naves en todos los polígonos industriales que se distribuyen por la Isla, y otras fuentes de pequeño tamaño de origen doméstico o comunitario? La respuesta no está en mirar al pasado (petróleo, gas, energía nuclear) sino en apostar por el futuro. Éste lo representan ahora mismo dos ideas combinadas: a) Los sistemas hidroeólicos como el que se está construyendo en El Hierro —y que se quiere aplicar ahora en Gran Canaria aprovechando el sistema de presas— basado en la potencia del viento (para producir agua desalada y elevarla a depósitos en altura) combinada con la energía hidroeléctrica producida por esa agua al descender por gravedad, aprovechando los días que no hay viento y/o facilitando la inserción de la energía en el sistema a tensión constante; el ‘modelo herreño’ también se puede replicar a escala local y comarcal en numerosos puntos de Tenerife. 2) El sistema de microrredes o redes inteligentes, como el que ya está desarrollando Malta (una isla que, igual que nosotros, forma parte de la Unión Europea y del mundo desarrollado). Se trata de pasar del sistema actual, donde hay un generador principal y muchos consumidores, a otro sistema donde existen muchos elementos de generación y almacenamiento energético locales, garantizando una mayor seguridad, autonomía y sostenibilidad del suministro eléctrico; este sistema permite que la energía eléctrica, generada en baja tensión, pueda ser aprovechada por todos los usuarios de la red. Las microrredes evitan pérdidas en el transporte de la energía ya que las múltiples fuentes que la abastecen están distribuidas de forma bastante homogénea por todo el territorio insular. Es fundamental rehacer el PECAN (Plan Energético de Canarias) sobre estas nuevas bases, apostando firmemente por la investigación y desarrollo de sistemas hidroeólicos y el modelo de redes inteligentes aplicado a los sistemas insulares canarios de producción y distribución de energía.
• Necesitamos, además, un sistema eléctrico que sea a la vez eficiente, público y democrático. Los sistemas eléctricos canarios, con la tecnología que hay ahora mismo, constituyen un ejemplo perfecto de lo que se conoce como monopolios naturales: como ha señalado el economista Antonio González Viéitez, debido a lo reducido de los mercados insulares, lo descomunal de los costes fijos de sus instalaciones y la necesidad más que evidente de economías de escala, en ellos sólo “cabe” una empresa (y si se pusiera otra, alguna sobraría y no podría mantenerse). Por otra parte, según el REF canario en vigor, el sobrecoste que origina la insularidad sobre la producción eléctrica se debe compensar con cargo a los presupuestos del Estado. Por esta razón, constituyó un error monumental privatizar Unelco en los noventa, pues los monopolios naturales, al no existir competencia posible, no tiene ningún sentido privatizarlos. Luego, encima, Endesa, la propietaria de Unelco, fue comprada (tras una ruidosa guerra entre las mayores multinacionales eléctricas europeas) por la italiana Enel: una empresa pública… pero del Estado italiano (país, por otra parte, con escasas conexiones ecónomicas con Canarias y un interés presuntamente nulo por el bienestar de quienes aquí vivimos). Es decir, el ‘control’ de nuestro sistema de producción de electricidad, no sólo no es democrático y local, sino que se aleja cada vez más de Canarias, y de la posibilidad de operar al servicio de los intereses de los consumidores locales. En el contexto, al parecer, de la crisis económica mundial, los planes de inversión de Enel se revisaron brutalmente a la baja, dejando el mantenimiento de los sistemas eléctricos canarios bajo mínimos. La conclusión es clara: el sector más estratégico de la economía canaria, que además es un monopolio natural, tiene que ser público. Y siendo público, es decir, controlado democráticamente y puesto al servicio de los intereses generales de Canarias, podría y debería operar liderando la transición desde el actual modelo energético (basado en las energías convencionales sucias) hacia un modelo mucho más sostenible (basado en fuentes renovables limpias).
Anexos:
http://docs.google.com/View?docID=dcdp7gs8_336dcjbvhfc&revision=_latest

Este viernes 12 de marzo a las 19:30 h, dentro de las actividades formativas organizadas por Alternativa Sí se puede por Tenerife, desarrollaremos una jornada que hemos llamado "Planificación Estratégica de la Comunicación, el camino hacia el éxito. Reduciendo riesgos, aumenta la probabilidad".

Esta actividad será impartida por un experto en imagen y campañas publicitarias que nos aportará conocimientos útiles sobre la planificación estratégica para establecer una mejor comunicación política en el ámbito de las organizaciones alternativas que nos ayude a dar una mayor difusión de nuestras propuestas a la sociedad.
Como en ocasiones anteriores la charla será abierta al público en general y tendrá lugar en el local de Sí se puede en La Laguna (Avenida Trinidad Nº2, 2ªplanta, esq. C/ Herradores).

Mañana miércoles a las 7: 15 de la mañana será entrevistado nuestro compañero Antonio Cabrera, primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Consumo Responsable y Patrimonio del Ayuntamiento de Granadilla.
La entrevista estará centrada en gran parte en la política energética del gobierno de Canarias, la pretendida entrada del gas natural en Tenerife y el papel de las energías renovables.

Por otra parte no queremos dejar de recordar que en Radio Unión Tenerife puede escucharse todos los miércoles el programa elaborado por nuestra compañera Fina Fuentes donde se analiza la actualidad social y política de la isla. El programa se emite en horario de 6 a 7 de la tarde, a través de Radio Unión Tenerife en las frecuencias 95.3 y 105.3 (área metropolitana), 95.6 (norte) y 105.3 (sur); o, si lo prefieres, a través de Internet (http://www.radiouniontenerife.com/).

Según Mayca Coello, portavoz de la formación de izquierdas en Candelaria, “Estamos en contra de esta iniciativa puesto que con ello, no se soluciona nada y únicamente se traslada el problema de un lugar a otro. El modelo energético productivo es el mismo, no cambia, y con este tipo de políticas se perpetúa una vez más nuestra dependencia energética del exterior. El alcalde de Candelaria le traslada el problema de los vecinos de Las Caletillas a los del Casco de Candelaria y el presidente del Gobierno de Canarias dice que priorizará el interés general, planteando una rápida solución al problema”.

Sí se puede, critica la demagogia del alcalde que se ha pasado ocho años engañando a los vecinos con la desmantelación de la central eléctrica y ahora cambia el discurso y ofrece suelo público a una empresa privada, que destaca por su alto grado de contaminación ambiental. “Podría ser casualidad, pero estas declaraciones vienen justo días después del intento de desalojo de los vecinos de Bajo La Cuesta, población que junto a la central, entorpecen la futura creación de un puerto deportivo en la zona que contempla el PIOT”, añadió Coello.
El partido de izquierdas demanda políticas energéticas sostenibles. Donde se busquen soluciones de futuro a problemas cada vez más acuciantes en el panorama internacional.
“Planteamos la transformación de esta vieja central térmica de fuel-oil en un sistema hidráulico combinado o una central de hidro-eólica con contaminación cero y 100 % sostenible. En la zona de Las Caletillas existen las condiciones orográficas y ambientales necesarias para que este modelo de central energética pueda desarrollarse”, añadió la portavoz de Sí se puede , proponiendo un proyecto similar al que se va ha desarrollar en la isla de El Hierro (“El Hierro 100 % energías renovables”), cofinanciado por la Comisión Europea y coordinado por el ITC, que apuesta por una estrategia sostenible de producción energética, donde se combinan la energía eólica y hidráulica en un sistema interrelacionado y autosuficiente. Para la portavoz del partido ecologísta, “Esta apuesta y estrategia es lo que necesita la isla de Tenerife y que consideramos que podría desarrollarse en esta zona de la isla”.
“En la zona alta de Las Caletillas, y más concretamente en el barranco de “Los Porqueros”, se podría construir un embalse donde almacenar el agua salada elevada desde la costa. A su vez en la costa de Candelaria el viento sopla de forma constante y prácticamente el 90 % de los días del año. La instalación de un aerogenerador en la costa podría elevar el agua salada hasta el embalse situado en el barranco de Los Porqueros y desde allí, aprovechando la elevada pendiente de la zona, mediante un salto de agua, generar energía hidroeléctrica limpia” explicaron desde la formación ecosocialista.
Mayca Coello agregó que, “Con la combinación hidráulica-eólica se consigue transformar una fuente de energía intermitente en un suministro controlado y constante de electricidad, esto permite maximizar el aprovechamiento de la energía eólica y minimizar el consumo de combustibles fósiles. Una minicentral hidroeléctrica en Las Caletillas, además de representar un cambio en el modelo energético productivo, no produciría contaminación térmica ni por humos en la zona, y su impacto visual sería mínimo”.
Según Sí se puede, para la isla de El Hierro se calcula que con este proyecto se ahorrará en un solo año más de 6.000 toneladas de fuel en consumo para la central. Esto equivale la no emisión de más de 200.000 toneladas de CO2 / año a la atmósfera.
Desde Alternativa Sí se puede por Tenerife consideramos y apostamos por las energías renovables y por proyectos de desarrollo sostenibles en materia energética en un momento histórico crucial para la subsistencia del planeta tierra como tal.

Alternativa Sí se puede por Tenerife denunció hoy la total dependencia del petróleo en los planes energéticos del Gobierno de Canarias, una factura de 1.200 millones de euros anuales, y el nulo interés por el ahorro y por el desarrollo de las energías renovables: "Da la impresión de que estamos gobernados por el enemigo".
Representantes de Alternativa denunciaron en rueda de prensa el empeño del Gobierno de Canarias por defender "los intereses privados de los empresarios de siempre" de las islas y los de las multinacionales, al aprovechar los representantes gubernamentales los recientes apagones de Tenerife para impulsar la construcción de nuevas centrales térmicas y con ello la dependencia de los combustibles fósiles.

El 97 por ciento de la energía en Canarias proviene de los combustibles fósiles, ya que las islas están a la cola en España en el desarrollo de las energías renovables, dijo en rueda de prensa Fernando Sabaté, coordinador de Alternativa Sí se puede por Tenerife.
El agotamiento progresivo del petróleo y el alza de los precios a medio plazo hace que apostar por nuevas centrales que como mínimo tardarán diez años en entrar en funcionamiento sea "una temeridad económica", una "huida hacia adelante", según José García Casanova, concejal de Sí se puede en Tacoronte.
Antonio Cabrera, concejal de esta organización en Granadilla, denunció la ausencia de planificación energética desde que, hace 20 años, Canarias era líder en energías renovables y ahora ha sido adelantada por todas las comunidades autónomas y parece que quiere seguir aumentando su dependencia energética.
"Y ahora, tras el cero energético, la solución magistral es el gas, único argumento que les queda para justificar la regasificadora de Gascan y la construcción del puerto de Granadilla", dijo Antonio Cabrera.
Detalló que en el accionariado de Gascan aparecen los empresarios de siempre, como Plasencia, Rodríguez de Azero o Lopesan, lo que hace dudar de que el Gobierno de Canarias esté defendiendo el interés general con sus proyectos.
"Da la impresión de que estamos gobernados por el enemigo", porque se renuncia a planes de ahorro y se ponen trabas a diversificar el suministro con las energías renovables, pese al desarrollo y diversificación económica que suponen en un momento de crisis de modelo, dijo.
Cabrera manifestó que "la mejor energía es la que no se consume" y aseguró que aplicando planes eficiencia energética se conseguiría un ahorro del 30 por ciento, equivalente a 200 millones de euros en factura petrolífera.
Si además se consiguiera que el 20 o el 30 por ciento del suministro procediera de energías renovables, como en otras comunidades, "todo el argumentario se les cae".
Pero eso no les interesa ni al Gobierno canario ni a la multinacional Unelco-Endesa, que ejerce el monopolio en el suministro, ni a los proveedores de petróleo, Cepsa, Disa y en el futuro Gascan, afirmó.
Al respecto, denunció que todos los agentes económicos que intentan apostar por la energía eólica o la fotovoltaica encuentran frenos administrativos injustificables, como en los frustrados intentos para utilizar los techos de los invernaderos para instalar placas de energía solar, lo que redundaría en ventajas para el sector agrícola.
"Nadie está reclamando un 100 por cien del uso de renovables y el abandono de los combustibles fósiles de hoy para mañana", sino un planificación y una actitud activa a favor de las renovables para conseguir un sistema equilibrado, según Antonio Cabrera.
Señaló que el sistema que se está construyendo en El Hierro, basado en una central hidroeléctrica alimentada por la fuerza del viento y respaldada por una central basada en el petróleo para casos de necesidad, es replicable a nivel comarcal en otras islas como Tenerife.
La extensión de parques eólicos, huertos solares sobre tejados en los polígonos industriales y otras fuentes de pequeño tamaño descentralizadas en los hogares deben marcar el camino de la política energética, dijo Cabrera.
Si no desarrollan otro modelo no es porque no sean inteligentes, es porque lo son y saben cuáles son los intereses que están defendiendo, aseguró Cabrera.

El lunes 8 de marzo celebramos, un año más, el Día Internacional de las Mujeres. En esta ocasión, conmemoramos un doble centenario: la instauración de esta fecha como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, promovida por Clara Zetkin en el seno de la Internacional Socialista de Mujeres y el acceso de las mujeres a la universidad española impulsada por Emilia Pardo Bazán.

Y, después de estos cien años, aún reconociendo los avances alcanzados, hemos de insistir en que seguimos teniendo razones para ser feministas, y estas razones tienen que ver con la necesidad de modificar los patrones de un modelo económico neo-liberal muy agresivo, de un sistema patriarcal que ha generado desde hace mucho tiempo desigualdad en el reparto de la riqueza, la propiedad, los empleos, los trabajos retribuidos y no retribuidos, los cuidados... y de un modelo de estado “democrático” cuyas instituciones no respetan los derechos de las mujeres.
En estos momentos, adquiere vital importancia luchar por la defensa de los intereses de todas las mujeres, por los derechos no sólo laborales, sino sociales y políticos. Y la concreción de “todas” es muy importante porque, corremos el peligro de que se consigan derechos sólo para un sector de la sociedad, olvidando a aquellos colectivos de mujeres que presentan singularidades que, a menudo, suponen un trato desigual y una ausencia de reconocimiento social que puede traer consigo mayores cotas de exclusión social. Nos estamos refiriendo a las mujeres migrantes, las trabajadoras del hogar y/o cuidadoras sin seguridad social, las trabajadoras del sexo, las que tienen un contrato precario, las que no encuentran trabajo, la gente muy joven que no accede a los métodos de anticoncepción...; colectivos que requieren no sólo solidaridad, sino políticas y recursos públicos que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes así como el sexismo que las legitima.
En el actual contexto político y social, es urgente que nuestras reivindicaciones históricas y no negociables, demandas que tienen relación, entre otras, con el respeto de la autonomía del cuerpo de las mujeres, la libertad sexual y reproductiva, la garantía de equidad e igualdad en el trabajo, el rechazo a toda forma de violencia sexista, la educación y medios de comunicación no sexistas, el rechazo a toda forma de discriminación y exclusión por razones de género o cualquier otra condición, etc., lleguen a todos los sectores, en especial, a aquellos que ostentan cargos de decisión política. Y también a otros movimientos sociales sensibles y cercanos a nuestras demandas.
Las consecuencias de la crisis económica en Canarias y en el Estado español están repercutiendo sobre todo en las mujeres de la clase trabajadora, especialmente las jóvenes y las migrantes. La mayor parte de las personas pobres y excluidas de la sociedad y sin coberturas son mujeres. Nuestro mercado de trabajo se caracteriza principalmente por un cada vez más difícil acceso al empleo, un abuso de la temporalidad y la contratación a tiempo parcial, especialmente para las mujeres, así como por la discriminación salarial, que se sigue manteniendo en torno a un 26%. Por otro lado, el sistema de cuidados sigue recayendo casi exclusivamente en las mujeres.
Al mismo tiempo estamos sufriendo un ataque político e ideológico sobre los derechos conquistados por los movimientos de mujeres.

La lucha por una vida digna siempre nos ha guiado
Desde el movimiento feminista reiteradamente se denuncia la ingente cantidad de dinero público que se ha destinado a financiar un sistema económico que genera desigualdad y exclusiones, mientras la ciudadanía y sobre todo las mujeres sufrimos las consecuencias de la crisis, en un contexto social donde se están dando retrocesos importantes debido a las políticas de privatización de los servicios públicos y a la disminución del gasto social en temas que nos afectan especialmente a las mujeres como es la educación, la sanidad, la ley de dependencia, la feminización de la pobreza, etc.
Es evidente que esta sociedad patriarcal y capitalista ha optado por el beneficio económico frente a la sostenibilidad de la vida humana. Esto significa que las personas no son el objetivo social prioritario, no son un fin en sí mismas, sino que están al servicio de la producción. Los intereses político sociales no están puestos en la consecución de una mayor calidad de vida, sino en el crecimiento de la producción y la obtención de beneficios. Un reflejo claro de ello son todas las políticas de desregulación y flexibilización del mercado laboral de los últimos años, cuyo objetivo no ha sido otro que reducir costes salariales y adaptar los tiempos de trabajo a las exigencias de una supuesta mayor eficiencia y productividad de la empresa, aunque ello esté teniendo claros efectos negativos en la calidad de vida de las personas, y especialmente de las mujeres.
Ni el estado, ni el mercado (es decir, las empresas) están asumiendo la responsabilidad en el cuidado de las personas, situación agravada por el envejecimiento de la población, la inserción de las mujeres en el mercado laboral, el modelo de crecimiento urbano, la precarización del mercado laboral...
Por lo tanto, somos las mujeres, más allá de los casos singulares de hombres que se involucran, quienes nos ocupamos de los cuidados en las casas. Y lo hacemos echando mano de los recursos disponibles: los escasos servicios públicos existentes, la familia para cuidar gratis o el dinero para comprar cuidados.
Ante esta realidad, es necesario construir alternativas feministas que incidan en un cambio de las políticas cuyo objetivo sea cubrir las necesidades de la ciudadanía y no las necesidades de los mercados. Es muy importante que el centro de nuestra atención, sea la sostenibilidad de la vida. La producción capitalista se ha desligado del cuidado de la vida humana, que aparece como un proceso paralelo y autosuficiente. La lógica del crecimiento económico ilimitado y la lógica del mantenimiento de la vida son totalmente opuestas. Cuanto más crecen las economías más biodiversidad se pierde, más se calienta el clima o más profundas son las desigualdades sociales y de género.
Aceptar que el interés debe situarse en el cuidado de las personas, significa desplazar el centro de atención desde la mercantilización de lo público hacia la dignificación de la vida humana, reconociendo en este proceso la actividad de cuidados que hoy es realizada fundamentalmente por las mujeres.
Este 8 de marzo, en que ha quedado demostrado el fracaso de un modelo económico insostenible, es un buen momento para señalar que se puede apostar por poner el sostenimiento de la vida y los cuidados en el centro del modelo. Para ello debemos aunar fuerzas en torno a la propuesta de establecer un modelo económico que contemple nuevas formas de producción y consumo, de reorganizar las estructuras del cuidado repartiendo equitativamente entre mujeres y hombres el trabajo remunerado y no remunerado, de implementar medidas como la reducción general de la jornada laboral, la equiparación de permisos de maternidad y paternidad y un sistema basado en los servicios públicos de educación, sanidad y atención a la dependencia, de calidad y que garanticen la atención universal a todas las personas.
Las políticas actuales de “conciliación” de la vida familiar y laboral están perdiendo su sentido, ya que no abordan el problema de fondo sino que plantean mínimos ajustes, pero manteniendo como objetivo central la obtención de beneficio. Es decir, los tiempos de cuidados deben seguir ajustándose a los tiempos de la producción capitalista. Además, dichas políticas –aunque no se haga explícito- están dirigidas fundamentalmente a las mujeres, cuando son mayoritariamente los varones quienes aún “no concilian” sus tiempos y sus actividades cotidianas. De hecho, las mujeres hemos estado siempre en una práctica continua de “conciliación” sin necesidad de leyes o políticas particulares. Es posible que una ley de “conciliación de trabajo familiar y mercantil” dirigida específicamente a los varones pudiera constituir una forma exitosa de dar visibilidad y reconocimiento al trabajo familiar doméstico.
Hacer al conjunto social responsable de la vida y, particularmente, a las empresas, es una importante clave para cambiar el sistema. Hemos de insistir en la necesidad de poner las estructuras socioeconómicas al servicio de la generación de una vida digna que merezca la pena ser vivida, desterrando la valorización del capital que pone la vida a su servicio. Junto a ello, es necesario la redistribución de todos los trabajos, los que se pagan y los que no. Y, en consecuencia, reivindicar junto al derecho al trabajo, el derecho al tiempo para el desarrollo de las personas, al tiempo de calidad y libremente vivido. Y el derecho al cuidado: a recibir los cuidados que necesitamos a lo largo de la vida, y a cuidar en condiciones personales y laborales justas cuando cuidamos en el mercado de trabajo.
Por todo ello, en estos momentos es imprescindible mantener una férrea defensa de los servicios públicos de calidad y de la gestión directa de éstos por parte de las instituciones públicas. Desde el feminismo no podemos dar tibias respuestas, mucho menos permanecer calladas, ante el ataque furibundo a lo público que se está produciendo en Canarias.
Lo que verdaderamente nos acercaría a la conciliación de la vida personal y laboral, es que las Administraciones públicas, por un lado, asuman la responsabilidad que les corresponde en el cuidado de las personas enfermas, discapacitadas y ancianas, así como de niñas y niños. Es imprescindible la cobertura pública de toda la demanda de escolarización de 0 a 3 años, con un carácter eminentemente educativo. Y se debe prestar especial atención y desarrollo a la necesidad ineludible de articular servicios públicos y universales de calidad, flexibles y variados, en función de las necesidades cambian¬tes de la familia y de la persona dependiente, frente a los concertados y privados, ya que es la única manera de garantizar su accesibilidad y calidad. Han de ser los servicios públicos, en sus diversas modalidades, y no las cuidadoras familiares, el principal recurso de atención a las personas dependientes.
Se debe ir contemplando en las tablas reivindicativas la disminución de la jornada laboral general, introduciendo la necesidad de reconocer el trabajo vinculado a la sostenibilidad de la vida digna como imprescindible para el mantenimiento y avance de nuestra sociedad.
Y, por otra, se deben contemplar también auténticas iniciativas de educación y concienciación social que modifiquen la cultura sexista, para que realmente sean compartidas todas las responsabilidades.
Sin embargo, la respuesta del gobierno canario se aleja radicalmente de estos planteamientos. La realidad muestra claras evidencias de que en Canarias la protección y promoción de la igualdad ha sido bastante precaria a nivel institucional: Planes de Igualdad sin evaluar, el Instituto Canario de la Mujer con apenas financiación propia, desmantelamiento de los escasos recursos de apoyo a la coeducación, cierre o deterioro de los servicios y programas existentes en materia de violencia de género, educación y atención a las necesidades afectivas y sexuales…
Y para conmemorar este 8 de marzo, el pasado nueve de febrero el Parlamento Canario aprobó la Ley Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres, la cual contiene propuestas contradictorias con las políticas económicas y sociales generales que está llevando a cabo el gobierno de Canarias. No hay que olvidar que la actual crisis económica ha sido una excusa perfecta para realizar importantes recortes de servicios públicos y que las políticas económicas han conllevado la precarización del mercado laboral. Y ya sabemos lo que todo esto representa para las mujeres: desigualdad y exclusión.

La aprobación de la Ley del aborto nos exige continuar luchando por nuestra capacidad para decidir

En este pasado mes de febrero también se ha aprobado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción voluntaria del Embarazo. Aún valorando que esta aprobación supone una conquista del movimiento feminista tras largos años defendiendo las libertades y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, nos preocupa que en determinados aspectos siga siendo insuficiente. Entre ellos destacamos:
• Es cierto que la aplicación de esta Ley va a suponer una mejora sustancial para las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 14 semanas de gestación porque no van a tener que justificar ningún motivo, pero a las mujeres que sobrepasan ese número de semanas no se les garantiza el acceso al aborto. Las legislaciones más avanzadas permiten el aborto a decisión de la mujer durante un periodo más amplio. Por lo tanto, para responder a las necesidades de la realidad social actual creemos que se debería haber establecido un plazo único, bajo el criterio científico de viabilidad fetal y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres en este ámbito. Las mujeres que desean abortar lo solicitan lo antes posible; los casos en que aumentan las semanas de embarazo son pocos y están justificados: normalmente por circunstancias sobrevenidas graves que cambian totalmente la situación de esa mujer y su proyecto de vida. No es comprensible que con la nueva ley aumenten las limitaciones e incluso sean ilegales abortos que habían tenido cabida en la regulación del año ’85, hasta hoy vigente.
 En relación a la obligación de esperar tres días y a la información previa al consentimiento, mantenemos la opinión de que no está justificada esta condición. Esta medida representa un intento de ejercer presión sobre la libre decisión de las mujeres, supone una vulneración de los derechos de las mujeres que deciden de forma independiente, capaz y autónoma si desean seguir adelante con un embarazo o no. Entendemos que esta información debe proporcionarse de manera universal a cualquier mujer u hombre en edad reproductiva y no únicamente a aquellas mujeres que han tomado la decisión de practicarse una IVE. La práctica de una IVE no puede verse obstaculizada por la valoración ni juicios morales - que en la práctica van a acompañar a la “entrega” de esta información - de otras personas que no sea la propia mujer.
• La nueva Ley no asegura la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública. Deja una puerta demasiado abierta a la privatización de esta práctica, no especificando los mecanismos de financiación pública que conlleva la puesta en marcha de esta prestación sanitaria.
• No nos parece adecuado el tratamiento especial que se da al aborto en comparación con las demás intervenciones sanitarias en lo que se refiere a las menores, con la condición de informar a los progenitores o tutores. Tampoco estamos de acuerdo en que se necesite la autorización (en abortos que superan un trimestre) bien de profesionales o de comités clínicos, porque pensamos que ésta es una decisión que compete únicamente a la mujer embarazada.
• Aún está por definir cómo se regulará el derecho a la objeción de conciencia, cómo se registrará el nombre de los profesionales sanitarios que decidan objetar. Reiteramos que la objeción de conciencia no debe, en ningún caso, imposibilitar la efectividad de esta prestación en los centros sanitarios públicos.
• Tampoco están claras las medidas que se pondrán en marcha para garantizar que la educación y atención afectivo sexual integral, entendida como una tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados: la familia, el centro educativo, los sistemas sociales de apoyo, el grupo de iguales y los medios de comunicación, sea una realidad.
• Celebramos la financiación de los anticonceptivos, así como todas las medidas contempladas en el ámbito sanitario y educativo. Sin embargo, tememos que su desarrollo en la práctica quede sólo en buenas intenciones, si no se le dota de los medios necesarios y se establecen las medidas que garanticen la equidad territorial, para que llegue a todas las zonas de salud.
• Por último, nos parece inaceptable que el aborto continúe en el Código Penal. La Ley no suprime el artículo 145 del CP, sólo lo modifica. Entendemos que, debido a la variabilidad de interpretación de juezas y jueces sobre la veracidad de los supuestos alegados a la hora de practicarse una IVE, mientras ésta esté tipificada como delito se mantendrá la inseguridad jurídica de mujeres y profesionales.
En Canarias, además, nos enfrentamos a un gobierno de derechas que atenta contra el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, poniendo cortapisas a esta ley, abriendo cauces para subvencionar organizaciones anti-elección, atacando los derechos ya conseguidos.
Como todas y todos sabemos el PP ha abanderado una campaña regresiva en contra de esta Ley y CC en el Congreso de los Diputados, aludiendo al “voto en conciencia”, votó en contra de esta Ley, y en el Senado sus votos se dividieron. ¿Qué podemos esperar, por tanto, del gobierno canario a la hora de respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres canarias?
El derecho al aborto es una cuestión de derechos humanos y de salud pública. La decisión de continuar o interrumpir un embarazo pertenece al ámbito personal, a la ética privada de cada mujer y no puede ser una imposición ni desde el punto de vista penal ni moral, ya que las mujeres tenemos derecho a que se nos respete nuestra autonomía, nuestra dignidad, nuestra libertad moral…; y todas las personas tenemos derecho a venir al mundo siendo queridas y deseadas.
Estamos muy de acuerdo en que los cargos públicos deben actuar siempre en conciencia, sí, porque ello implica atender al interés general de la sociedad, no a sus creencias e intereses particulares, que deben quedar para regir su propia vida personal y familiar.
Quienes dirigen el destino de un pueblo no pueden hacerlo bajo la presión de ningún poder fáctico, no pueden actuar bajo el amparo de una sola moral que desconoce y oculta la realidad de las mujeres y sus derechos humanos básicos. El hecho de que una creencia moral sea defendida y justificada por un grupo de personas, no significa que sea razonable y asumible para la esfera pública de un estado plural y aconfesional.
La actuación en conciencia, debe implicar el inicio de un proceso responsable de necesario y obligatorio ajuste social para eliminar las múltiples deficiencias que rodean el ejercicio del derecho al aborto para las mujeres, el inicio de un proceso que acabe con la persecución a la que son sometidas las mujeres que se enfrentan a la posibilidad de interrumpir un embarazo. Si no es así, la supuesta actuación en conciencia no pasa de ser un fariseísmo moralista que se lava las manos y la conciencia.
Una actuación en conciencia, en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, requiere tener voluntad política y dedicar muchos más recursos públicos a la información, formación y atención afectiva y sexual en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen estos derechos. Y la actual política del gobierno canario no parece seguir este camino.
Un ejemplo lo tenemos en la aprobación de la ley canaria de Igualdad, que recoge el artículo 51 Derecho al embarazo y a la maternidad.
El origen de este artículo está en una iniciativa legislativa popular de la Fundación Red Madre, un grupo donde el 72% de las asociaciones que la integran son religiosas y antielección.
El objetivo de las mismas está claro: conseguir poder actuar con las embarazadas -y ser pagados por ello-, incluso con las que desean, legalmente, interrumpir su embarazo. Con una línea discursiva regresiva y un carácter claramente antiabortista, el contenido de este artículo 51 concentra de una manera práctica, simbólica y emocional, una forma de entender el mundo, y particularmente, la posición que deben ocupar en él las mujeres, desde una determinada retrógrada concepción de la familia, de la sexualidad, de la reproducción, en la cual está en juego el significado del estatus de las mujeres, de su autonomía, de sus derechos, de la igualdad entre hombres y mujeres…
Y en este planteamiento, no creemos posible un punto intermedio, ni un consenso: no hay libertad de las mujeres que se pueda defender a medias. Una Ley que pretenda promover la igualdad, debe plasmar ideológicamente que la mujer es la que decide autónomamente sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su futuro, sobre el papel que quiere jugar, ya sea como mujer que quiere ser madre o que no quiere serlo.
Se debe apoyar a la maternidad, pero no de esta forma paternalista e inductora de lo que las mujeres tienen y deben hacer, no desde la concepción de la mujer como elemento reproductor en esencia, que debe ser tutelada mientras tenga capacidad reproductiva.
Para promover la dignidad de las mujeres, para potenciar unas relaciones igualitarias, no sirve cualquier modelo de educación afectivo sexual. En este mismo artículo se habla de promover una sexualidad responsable. ¿A qué se refieren, a la castidad, o a que se practique sólo dentro del matrimonio heterosexual? Es necesaria una educación y atención afectiva y sexual integral, basada en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, una educación que favorezca que las personas se formen para vivir sin riesgos y satisfactoriamente su sexualidad. Realmente dudamos que este artículo se refiera a este modelo.
Por último, la medida relativa a las subvenciones y convenios con organismos, entidades públicas y centros de iniciativa social, cuya función sea ofrecer asesoramiento y ayudas a las mujeres embarazadas, está claro que generará una red clientelar de asociaciones antielección que no informará a las mujeres de todas las opciones que existen desde un criterio científico, sino de la que les interesa desde su criterio moral. ¡De eso tenemos ya mucha experiencia!
El nueve de febrero se aprobó en el Parlamento Canario la Ley Canaria de igualdad entre mujeres y hombres, con el apoyo de CC y el PP, incluyendo una cortapisa a la inminente Ley de aborto, contraviniendo la legalidad europea que exige respetar la voluntad de las mujeres; una ley que utilizarán los sectores más conservadores y retrógrados para obstaculizar el derecho a decidir de las mujeres. Es curioso, una ley de igualdad que entiende a la mujer como objeto y no como sujeto activo y libre para decidir sobre su vida.
Las mujeres como objeto y no sujeto activo de su liberación en la Ley Canaria de Igualdad
El nueve de febrero se aprobó en el Parlamento Canario la Ley Canaria de igualdad entre mujeres y hombres, con el apoyo de CC y el PP, que, en teoría, debe favorecer un marco legal en Canarias para la protección y promoción del derecho democrático de la igualdad entre mujeres y hombres.
Sin embargo, desde el Colectivo Harimaguada, no sólo no celebramos la aprobación de una ley que no parte del análisis real de las necesidades canarias en esta materia, con un texto que no sólo no garantiza un avance en el impulso de la igualdad y en la protección de los derechos de las mujeres, sino que en algunos artículos suponen un claro retroceso, sin concreción de aplicación presupuestaria que asegure su correcto desarrollo…; sino que valoramos que para CC y el PP, además de la foto de portada, supondrá un avance en sus concepciones sobre la sociedad, la mujer, la sexualidad y la familia; y que los aspectos progresistas que pueda contener la ley se quedarán en una simple declaración de intenciones.
Frente a la falta de derechos se necesitan políticas consistentes, no parches que sustituyan recursos y servicios públicos. No caben las declaraciones de intenciones, que obligan a pretendidos consensos imposibles, que tienen como consecuencia vaguedades y ausencia de compromisos efectivos. Las políticas de igualdad tienen que tener una referencia legislativa explícita. A partir de ahí se hace necesario el compromiso institucional para poner los medios que aseguren su desarrollo. Junto a ello, es preciso que la toma de conciencia individual y colectiva de mujeres y hombres pueda finalmente hacernos conseguir nuestros objetivos: reconocer a todo ser humano digno y establecer relaciones de calidad entre las personas. Ninguna de estas condiciones se da en este caso.
Hemos de ser conscientes de que las instituciones recogen la lógica más formal del discurso de la igualdad (con diferencias según el partido que detenta el poder), se acepta el sistema y por tanto las limitaciones estructurales que éste representa para la libertad de las mujeres; y esto marca los límites de la negociación institucional y explica la imperiosa necesidad de que la lucha por cambios concretos y la exigencia de medidas específicas vaya acompañada de una crítica radical a estos límites y de una lucha en defensa de los mismos en todos los ámbitos, también desde la calle.
La autonomía se convierte así en una condición previa para el éxito de la incidencia o presión política que se pueda realizar en espacios de interlocución con las administraciones públicas.
Autonomía para fijar los objetivos, tiempos y modos de la presión política, para que las políticas de subvenciones no determinen los contenidos ni la agenda feminista, y para que la incidencia política sirva al objetivo de reforzar un movimiento que - nos va mucho en ello - tiene que articular la contestación de las mujeres en el proceso de transformación radical de la sociedad, entendiendo la radicalidad desde su concepción más pura: ir a la raíz de los problemas.
Desde esta perspectiva la participación de las mujeres requiere, en primer lugar, partir de su consideración como sujetos activos con capacidad ética para formular sus deseos y necesidades, incluso en situaciones donde la discriminación o subordinación se manifiestan con extraordinaria dureza, y por tanto huyendo de enfoques permanentemente victimizadores que restan poder a las mujeres.
Para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en la erradicación de la pobreza y en la superación de las desiguales relaciones de poder entre mujeres y hombres, se precisa del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Por ello, es necesario que, a pesar de los tiempos que corren, sigamos creyendo en una sociedad más libre, más justa e igualitaria, sigamos pensando que nuestra fuerza se halla en el mantenimiento de nuestros principios, en la defensa de nuestra dignidad y en la perseverancia en nuestros ideales, y sobre todo, que seamos conscientes que la riqueza de nuestro trabajo está en no olvidar que el impulso que nos caracteriza emana de nuestra autonomía, nuestra radicalidad y nuestra coordinación.
Colectivo Harimaguada

Un año más conmemoramos el día de la mujer trabajadora, en esta ocasión celebramos el centenario de la adopción del día 8 de marzo como día de la mujer trabajadora, establecido formalmente en la reunión de la Internacional Socialista realizada en Copenhague en 1910, en la que participaron más de 100 mujeres de 17 países.
En estos cien años muchas cosas han cambiado sin embargo la desigualdad contra la mujer sigue siendo palpable en muy diversos ámbitos. La mujer, casi finalizando esta primera década del siglo XXI, sigue sometida a discriminación laboral cobrando menos que el hombre por el mismo trabajo, además es la mujer la que menos estabilidad laboral tiene, menor tasa de empleo y la que además sigue protagonizando gran parte de las tareas de la casa.

Otra lamentable muestra de machismo es la representada por la violencia de género donde por desgracia Canarias se encuentra en los primeros puestos de las mismas, con respecto al resto del Estado.
Por todo esto, desde Alternativa Sí se puede por Tenerife te animamos a participar de los actos y actividades en conmemoración del día de la mujer trabajadora para ayudar a mantener vivo el espíritu de lucha y reivindicación con que nació este día hace ya un siglo. Los actos organizados por la “Plataforma 8 de marzo de organizaciones de mujeres de Tenerife” entre el 7 y el 11 de marzo son los siguientes:
* 7 Marzo, domingo, STANDS DE ORGANIZACIONES DE MUJERES, 11.00 horas, Plaza del Cristo de La Laguna.
* 8 Marzo, lunes, MANIFESTACIÓN, 19.00 horas, Parque García Sanabria, Reloj de Flores, S/C Tenerife.
* 10-11 Marzo, miércoles-jueves, JORNADAS “Alternativas feministas para otro modelo social”, 19.00 horas, Antiguo Convento Santo Domingo de La Laguna (junto a Correos).
- Miércoles, 10 de Marzo: MESA REDONDA “La Ley Canaria de Igualdad a debate”, con distintas organizaciones de la Plataforma 8 de Marzo.
- Jueves, 11 de Marzo: CONFERENCIA “Crisis económica: alternativas feministas” con Carmen Castro García, Economista feminista, perteneciente a la Red Singenerodedudas.com.
NOTA: La asistencia a las Jornadas es gratuita, pero debes confirmarla mediante correo electrónico a plataforma8demarzo@yahoo.es (hasta el Martes, 9 de Marzo). Entrega de certificados de asistencia.

Ayer mientras le echaba un vistazo a la prensa no pude evitar quedarme un tanto preocupado con el nuevo cuerpo de élite de la guardia civil con sede en Canarias. Estos fornidos muchachos, según la delegada del gobierno en esta tierra, entre otras cosas están “preparados para participar en operativos como grandes concentraciones de masas” o en la celebración de “cumbres internacionales” a las que se ve que también querría asistir mucha gente cabreada para requerir la presencia tan aguerridos guardianes.

Sinceramente no me gusta la manera en que las diversas autoridades en Canarias cada vez incorporan nuevas fuerzas de orden especializadas en defender a los políticos melindrosos que tenemos por estas peñas. Entre UIP, UNIPOL y este nuevo cuerpo parece que no quieren dejar la más mínima fisura a un posible estallido social en contra de algo o de alguien. Curiosamente su lugar de operaciones serán los espacios donde ahora mismo se plantean mayores luchas en defensa de nuestro territorio como es puerto de Granadilla, cierre del anillo insular, los trenes, asentamientos afectados por la ley de costas... toda una serie de puntos calientes de lucha vecinal donde claramente a la Delegación del Gobierno y al “Paulinato” no les gustaría dejar cabos sueltos ante una respuesta social que puede ser masiva.
La verdad que no me deja de sorprender estos grandes retenes de fuerzas destinadas a la represión social que en cualquier acto público en la calle se despliegan equipados como si estuviesen en una manifestación de talibanes en el mismo centro de Kabul. Desde luego que se ve lo poco conocen a nuestro pueblo los que entrenan, pagan y mantienen a estos cancerberos del poder político y económico.
Durante esta semana vamos a tener ocasión de comprobar como algunas de estas fuerzas actúan frente a centenares o esperemos que miles de ciudadanos que defienden su derecho a expresarse y que todavía creemos que la calle es un espacio público donde se puede ejercer el derecho a manifestarse.
El jueves y el sábado estamos convocados todos y todas a sendas manifestaciones- concentraciones en defensa de nuestro futuro pero con diversos matices. El jueves, un poco remolones, los sindicatos estatales UGT-CC.OO. se han decidido al fin a protestar en Canarias contra el proyecto de subida de la edad de jubilación. Sinceramente espero que la respuesta sea importante, aunque tan tibia convocatoria haya pasado un tanto desapercibida en los medios. Se que ambas centrales sindicales mantienen estrechos lazos con el poder político que impiden que esta convocatoria sea un catalizador de mayores niveles de contestación social, sin embargo creo debemos acudir sin dudar para tratar de llenar de contenido y reivindicación la jornada, igual que lo haremos cuando sean otras organizaciones sindicales las que encabecen estas protestas.
El sábado tenemos dos movilizaciones más. En Gran Canaria diversas personas a título particular han convocado una marcha con el lema “Por la descolonización y la independencia” a imagen y semejanza de la exitosa manifestación del pasado 24 de octubre. Probablemente haya afeado la manifestación el que desde los editoriales de unos de los medios de comunicación más insularistas y reaccionarios de Canarias se apoye abiertamente la marcha. Esos sucios tentáculos de papel están enredándose cada vez más en torno a la digna reivindicación y lucha de nuestro pueblo por obtener su libertad política ocasionando un daño que algunos aún se empeñan en menospreciar. Por suerte hace poco tuve la suerte de coincidir con uno de los promotores iniciales de esta movilización, un canario luchador digno de admiración al que desde luego que le debo reconocer su enorme honradez y tesón en un acto colectivo que sin duda tendrá interesantes lecturas el día después y al que si pudiera asistiría sin ningún complejo como los muchos canarios y canarias que también repudian a los medios nacional-insularistas. Es importante que desde la calle se reivindique los derechos nacionales de nuestro pueblo aunque sin duda debemos de hacer el esfuerzo para que los mismos vayan siempre ligados a nuestra liberación social.
Si tendré la oportunidad de acudir a la concentración en la sede de Coalición Canaria contra el infumable proyecto de descatalogación de especies que pretenden aprobar en el Parlamento. Seguro que lo haré acompañado de muchas personas que a día de hoy ni entienden ni quieren entender las políticas que desde el gobierno canario se están siguiendo en materia medioambiental (igual que la laboral, sanitaria, cultural, social...).
El movimiento ecologista está creciendo en nuestras islas tras décadas donde el progreso que se nos vendía por parte de las instituciones era un mal necesario que la mayoría de la población ni pensaba en discutir. Hoy en día la labor pedagógica de mucha gente desde diversos ámbitos ha generado una sana conciencia medioambiental que los poderes fácticos denominan como “los del NO a todo”. Desde luego que no está nada mal que hayamos aprendido con el paso de los siglos a decir no a las agresiones de cualquier tipo que en nombre del negociete algunos pretenden ejecutar. Es maravilloso que a cada proyecto basado en el cemento, la especulación y la contaminación la sociedad canaria empiece a articular una respuesta tan potente que hasta el momento ha logrado mantener a salvo muchos espacios insignes de nuestro territorio. Se que los poderosos no están nada conformes con esta situación, sus declaraciones diarias en los diversos medios de comunicación los delatan, sin embargo parece que ya, por si acaso, se han agenciado a los muchachos de verde para repartir goma a la gente del verde ya sea brotes, estrella o sebadal.

Los que veíamos en la actual crisis una posibilidad de cambio en el sistema económico, empezamos a ver con desesperanza, que ésta como casi todas las crisis de la historia, la terminarán pagando los de siempre, los trabajadores y los menos favorecidos.

La actual crisis viene propiciada por una corriente neoliberal que ha recorrido el mundo desde principios de los 80, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher como principales valedores. Ellos fueron los que acuñaron la famosa frase “el estado es el problema no la solución”. Esto ha hecho que finalmente nos encontremos en la mayor crisis desde el crack del 29.
Los primeros indicios de que esto no iba a cambiar los dio el presidente francés Nicolás Zarkozy, cuando empezó a hablar de refundar el capitalismo, seguido de las presiones de las economías europeas para recortar la deuda pública a costa de cortar las ayudas sociales. En estos días, Grecia, país que la derecha neoliberal llevó al borde de la quiebra incluso falseando documentos para poder entrar en la zona euro, se ha paralizado totalmente por una huelga general contra los recortes impuestos por la Unión Europea al gasto y la contención del déficit público, que ha hecho que muchos trabajadores, jubilados, estudiantes, funcionarios y demás población salgan a la calle para exigir que la crisis de los ricos sean ellos quienes la paguen.
El estado español ha estado gobernado en esta crisis, por un partido socialdemócrata que en los años 80 fue el primero en abrazar la doctrina liberalista, privatizando la gran mayoría de empresas públicas que generaban beneficios. En un principio, negaron la llegada de la crisis para luego reaccionar rescatando de la quiebra a la banca privada con capital público. En este caso los beneficios se los reparten unos pocos y las deudas las pagamos todos.
Hoy el PSOE pretende que los trabajadores sean los que paguen los platos rotos de todo este desbarajuste económico, dejando que los verdaderos culpables, bancos y empresarios especuladores salgan otra vez como los principales beneficiarios.
Propuestas como el conocido “pensionazo”, es decir, el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, o del cálculo de años cotizados de 15 a 25 años, hacen que el partido socialista esté alcanzando a la derecha más dura del PP. Estas propuestas, que ven con buenos ojos los dos partidos, demuestran el agotamiento del sistema neoliberal incapaz de elaborar propuestas de creación de empleo, argumentando que peligran las pensiones por el envejecimiento de la población, cuando ya son muchos los economistas que han reconocido que el principal problema no es el envejecimiento de la población, sino que la entrada al mercado laboral de los jóvenes cada vez se retrasa más, por lo que el principal escollo para mantener el sistema de pensiones es la gran cantidad de paro existente, que hace que no existan contribuyentes para mantenerlo.
La alternativa que ofrece el Partido Popular, peligroso adversario teniendo en cuenta el giro a la derecha que está tomando el voto en toda Europa debido a la desideologización de la población, que ya no identifica los colores con ideas, ni las ideas con proyectos políticos, ni la política con cosas que les conciernan, es aún más dramático.
Si lo que hace falta es que la población joven entre a trabajar, la propuesta del PP lo conseguirá, seguramente. Sin embargo, las personas que pertenecemos a la ‘clase obrera’ nos podremos ir olvidando de los contratos indefinidos, de la seguridad laboral y vital, y de los servicios sociales, la educación y la sanidad pública, pues ¿con qué se mantendrá? Si bajamos los impuestos para todo el mundo, incluidos los de los más ricos (que ya no tendrán que preocuparse por evadirlos), y permitimos el despido libre, es bastante probable que los jóvenes trabajen, pero siempre, siempre, trabajarán como lo hacen ahora los jóvenes: con contratos basura.
Un apreciado economista, como es José Luis Sampedro, vaticinó no hace mucho tiempo que esta no será la "crisis definitiva", la que haga cambiar algo, pero que la próxima que venga, no dentro de demasiado tiempo como para que nosotros la podamos ver, hará que se tenga que replantear todo nuestro sistema capitalista... esperemos."

Insta al Gobierno español a que rectifique sus proyectos en este sentido y emplaza al Gobierno de Canarias a tomar medidas efectivas contra la crisis y la destrucción de empleo, salvaguardando las conquistas laborales y sociales
El portavoz insular de la formación de izquierdas, Fernando Sabaté, considera que, “La crisis económica la han creado los especuladores financieros y los gestores del capitalismo y no es responsabilidad de las clases trabajadoras, por lo que nuestra organización política se ve a movilizar, y apoyará a las centrales sindicales que se enfrenten a estos auténticos ataques gubernamentales, para evitar que seamos los/las trabajadores/as los que acabemos pagándola”.

Sabaté añadió que, “El actual escenario de recortes de derechos laborales y sindicales, que se han conquistado a lo largo de muchos años de luchas de las clases trabajadoras, se enmarca dentro de la ofensiva que los grandes especuladores financieros y defensores del capitalismo han puesto en marcha para hacer que el peso de la crisis, de la que ellos son máximos responsables, acabe recayendo sobre los sectores más débiles de la sociedad y sobre los/las trabajadores/as”. También denuncia que el Gobierno español y el canario se hayan plegado ante estas campañas promovidas desde esos sectores poderosos que controlan las economías y que llegan a convertirse en verdaderos gobiernos y agentes que llegan a arruinar en pocas horas la economía de un país, sin que sobre ellos exista ningún tipo de control democrático.
Sí se puede, también denuncia que las medidas que ha avanzado el Gobierno español en cuanto a reforma de las pensiones y del mercado laboral, con ser graves para el conjunto de los/las trabajadores/as del Estado español, serán dramáticas y de mucho mayor impacto para Canarias, por el desfase histórico en cuanto a pensiones ( más bajas en nuestra tierra), peores salarios, peores coberturas de desempleo, mayor índice de paro..., por lo que también instan al Gobierno de Canarias al desarrollo de políticas que eviten la sangrante pérdida de empleos y que enfrenten la crisis, sin sumarse al carro de las imposiciones de los grandes empresarios y del poder financiero y sin poner en cuestión las conquistas sociales y laborales.