Los vecinos de Icod, colectivos ecologistas y políticos que componen la plataforma, valoraron muy positivamente la respuesta dada por Bruselas en la que se reconoce que se está investigando la posible infracción de normativa comunitaria, al afectar la carretera a Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especial de Protección de Aves, sin que se hayan analizado alternativas de menor impacto ambiental que la opción elegida.El pasado viernes tuvo lugar una reunión de la citada plataforma en el Barrio del Amparo, donde se acordó programar un viaje a Bruselas, que previsiblemente se realizará a mediados de diciembre, a fin de exponer a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión europea las infracciones de la normativa comunitaria cometidas por el proyecto de anillo insular.
Para la Plataforma ciudadana existen las alternativas viables técnicas y que no suponen una afección sobre estos enclaves naturales. El propio Área de Carreteras del Gobierno de Canarias propuso alternativas que, sin embargo, fueron ocultadas y no aportadas en el trámite de evaluación por la decisión política de diseñar una nueva carretera sin aprovechar las existentes.
Como afirma Luz Sosa, portavoz de la Platafoma “El propio Estudio Informativo reconoce que se realizaron estudios en el que se proponían, de una u otra forma, una serie de mejoras en las carreteras existentes, bien aprovechando en parte su plataforma, bien mediante trazados en variante, con objeto de mejorar su accesibilidad a las poblaciones del norte de la isla, aumentando incluso la velocidad de recorrido” , sin embargo se desecharon estas propuestas dado el deseo injustificado de contar con una nueva carretera”.
Otra de las demandas que, a entender de la Plataforma, supondrá el inicio de un expediente de queja comunitaria, es la ausencia de una correcta información pública y la vulneración de la directiva hábitat. Sobre el primer aspecto, la portavoz de la Plataforma, Luz Sosa, señala que “la información ofrecida por la Viceconsejería de Medio Ambiente a la Plataforma es lo suficientemente elocuente como para asegurar que se está vulnerando el trámite de información pública”. Efectivamente informes de Medio Ambiente dirigidos a Carreteras parecen advertir claramente de esta posible vulneración y así el informe técnico de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental se afirma:
La información pública se realizó en un documento técnico donde no se podía identificar el patrimonio ambiental que podría verse potencialmente afectado por la alternativa elegida. La propia Consejería de Infraestructuras, órgano promotor y sustantivo, confirma lo anterior, en sus contestaciones a las alegaciones relativas a las afecciones a bienes patrimoniales producidas durante el periodo de información pública.
La vulneración de este trámite de información pública fue tan evidente que incluso la entonces Viceconsejera de Medio Ambiente llegó a anunciar el riesgo que se corría por una posible investigación de la Comisión Europea por posible infracción del ordenamiento comunitario, como así ha ocurrido.
De la misma manera las afecciones a los hábitats prioritario (brezales macaronésicos, bosques de laureles macaronésicos), al LIC Acantilados de la Culata y Cueva del Viento y la ZEPA de la Corona Forestal, además de especies protegidas ( entre otras a la paloma turqué) y flora amenazada, serán también argumentos que se expondrán en la visita a Bruselas.
Estamos convencidos, finaliza la portavoz del colectivo, "que el trabajo que desarrollemos en Bruselas será clave para el éxito de esta lucha contra esta absurda infraestructura y que de realizarse supondría la demolición de más de setenta viviendas y la pérdida por afecciones directas de más de 233 hectáreas de cultivo". Por último, Luz Sosa señala que, como reconoció el Área de Agricultura del Cabildo el área afectada de Sta. Bárbara y el Amparo, “se trata, de una de las zonas agrícolas de Tenerife, donde más atenuadas están muchas de las debilidades que afectan al sector agrícola canario.”
