La Conferencia Episcopal Española ha salido a los medios de comunicación amenazando con la excomunión a todos los políticos que apoyen o voten la Ley del Aborto y a todos los católicos que lo practiquen. De nuevo aparece la Iglesia del miedo, de la amenaza, de la ira, del fuego eterno, del llanto y el crujir de dientes, del juicio final, la iglesia que no expone razones sino dogmas, que no dialoga sino impone, que se considera por encima de la Constitución y de las leyes, que se autoproclama no sólo exenta de cumplirlas sino que se atribuye la capacidad de impedir decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía, bajo la excusa de preservar la moral y las buenas costumbres.

Me gustaría escuchar a la iglesia católica en Italia criticar y amenazar con excomulgar a todos aquellos políticos que apoyan modificaciones legales para amparar las ilegalidades de Silvio Berlusconi, que hace las leyes a su medida para no tener que rendir cuentas ante la justicia.

Me gustaría escuchar a la iglesia católica española excomulgar a los políticos corruptos, convictos y confesos, por apropiarse de los bienes públicos.

Me gustaría escuchar a la iglesia católica excomulgar a los banqueros y demás responsables de la crisis financiera a nivel internacional, que tanto paro, dolor y miseria están ocasionando.

Me gustaría escuchar de los labios de los obispos y cardenales condenas y excomuniones a todos los que masacran el medio ambiente, esquilman a los países del Sur, no respetan los derechos humanos, cometen genocidios, amparan las dictaduras,...

En justicia he de decir que sí he oído esas denuncias de sectores minoritarios de la iglesia católica, contestatarios, mal vistos por la jerarquía, practicantes de teologías liberadoras, que han sido también objeto de excomunión.

También he contemplado cómo en este país, durante la dictadura franquista, Iglesia y poderes del Estado se confundían, todos juntos bajo el mismo palio, y en la transición esas fuerzas vivas impusieron sus condiciones, inamovibles como los dogmas, garantizándose la pervivencia para las décadas siguientes: bienes no sujetos a impuestos, una parte importante del erario público destinado a su mantenimiento, presencia en todos los centros educativos, financiación garantizada en centros con su ideario religioso, opinión e influencia omnipresente en el desarrollo legislativo como fieros guardianes de la moral y las costumbres del conjunto de la ciudadanía.

Hubo épocas en este país en que los ruidos de sables eran los encargados de vigilar e intentar impedir los avances democráticos. Parece que en los últimos tiempos son los ruidos de sotanas los que hacen denodados esfuerzos por mantener a la sociedad en la foto fija de épocas tridentinas, oponiéndose a cualquier progreso.

Los obispos, de manera impúdica e indecorosa, cogidos de la mano del PP durante los últimos años, han salido a manifestarse en diversas ocasiones: contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, contra el aborto o intentando imponer nuevamente el regreso a una educación segregadora, a una escuela separada por sexos. Se empeñan en confundir la ética con la moral católica y se arrogan para sí la representación única y la defensa de todos los valores recogidos en una declaración laica como lo es la de los Derechos Humanos.

Si fueran consecuentes con sus amenazas expulsarían a las tinieblas exteriores a la mayoría de los católicos, practicantes o no, de este país; pues usan preservativos para impedir embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, utilizan anticonceptivos, practican relaciones sexuales placenteras dentro y fuera del matrimonio sin fines de procreación, se han constituido legalmente en matrimonios del mismo sexo, consumen lecturas y películas cuyo contenido los haría candidatos a formar parte del índice de libros prohibidos, tienen con normalidad pensamientos y deseos libidinosos, toman si fuera necesaria la píldora del día después y, cuando tienen un embarazo no deseado, adoptan libremente la decisión de abortar. Todos, pues, en pecado. Y muchos, candidatos a ser excomulgados.

Las leyes que nos hemos dado no eximen a nadie de su cumplimiento. Y ninguna institución debiera estar por encima de la Constitución. La discrepancia, si se hace pública, admitirá la iglesia que sea recíproca.

Está claro que el Partido Popular, si quiere seguir siendo considerado un partido democrático, debería suspender de militancia a los componentes de la Conferencia Episcopal española.

Manuel Marrero Morales (Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC)