Para la organización de izquierda y ecologista el Parlamento de Canarias vulneraría gravemente los principios básicos de la democracia si no acepta debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por unas 45 mil personas, y promovida por Ben Magec – Ecologistas en Acción.Sí se puede subraya que la propia Constitución española, ampliamente celebrada en estos días de su 30 aniversario, garantiza la participación ciudadana no sólo por la vía de la representación parlamentaria, sino también de forma directa mediante procedimientos como la Iniciativa Legislativa Popular, recogida dentro de los Derechos Fundamentales. Por su parte, la Ley canaria que regula el mecanismo de la Iniciativa Popular señala textualmente en su preámbulo que ésta abre “vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que no encuentran eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria”.
En este sentido, para Fernando Sabaté, miembro de la Coordinadora Insular de Sí se puede, cualquier ILP que cuente con la aceptación preceptiva del Consejo Consultivo (que es el órgano encargado por ley de verificar que cumple todos los requisitos de legalidad), debería ser automáticamente admitida a trámite y debatida por el Parlamento, puesto que se trata de uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta la población para garantizar la participación ciudadana. Además, para llegar al Parlamento ya tuvo que ser avalada, como mínimo, por 15 mil personas, que la firmaron de manera consciente a la vez que aportaban todos los datos personales requeridos. En este caso son muchas más las personas que han expresado mediante su firma su apoyo a esta propuesta, por lo que el Parlamento tiene la obligación moral de debatirla.
Alternativa Sí se puede por Tenerife advierte de que, de no ser así, el Parlamento de Canarias desoye una vez más una propuesta surgida del pueblo. Ya sucedió con las 56 mil firmas que apoyaron la ILP que pretendía proteger la costa de Granadilla, que tampoco fue debatida para no entorpecer la construcción del puerto industrial. Ahora ocurre lo mismo para garantizar la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes que pretende aprobar el Gobierno; la cual, además, ha sido rechazada por buena parte de los sectores implicados en las materias que esa ley pretende regular.
Esta formación política ya emitió comunicados al respecto denunciando el grave riesgo que para el territorio canario en general y para el suelo rústico en particular, supondría su aprobación.
Sabaté destacó la incongruencia que supone que el Gobierno de Canarias esté elaborando en estos momentos una Ley para promover la participación ciudadana, mientras al mismo tiempo sus representantes en el Parlamento nieguen cualquier tipo de posibilidad al máximo exponente de la participación directa de la gente en la vida pública.
Foto: web de Ben-Magec
