Además de ilegales, producen una grave afección medioambiental

El concejal de Alternativa Sí se puede por Tenerife en el municipio de Tacoronte, José García Casanova, ha pedido a las autoridades municipales la inmediata paralización de las obras que, de manera ilegal, se llevan a cabo en la Playa del Pris desde finales del mes de julio y que tienen como finalidad habilitar una zona de baño protegida del oleaje que facilitase el uso público de la playa.

En años anteriores se han acometido obras con similar finalidad, pero la intervención llevada a cabo en la actualidad ha excedido el ámbito de las pasadas temporadas, modificando y destruyendo una porción del intermareal del sector más oriental de la playa, que se había respetado hasta ahora, caracterizado por albergar una notable biodiversidad marina, particularmente de fauna invertebrada, con notable interés marisquero para los lugareños, que aprovechaban tradicionalmente ese tramo del litoral para capturar pulpos, lapas, etc. y proveerse de cebo para la pesca.

Así se han retirada de piedras de diferentes tamaños, mediante el uso de una pala mecánica que las iba acumulando frente a la orilla en el sector de la playa más próximo a la Laja Grande, para configurar una suerte de escollera que delimitara una especie de gran charco artificial a marea vacía. Parte de los materiales pedregosos, que no se emplearon en la construcción de la mencionada escollera, fueron extraídos de la playa y vertidos en una zona próxima, conocida con el nombre de La Charcada.

Para el concejal de Alternativa Sí se puede por Tenerife, los hechos denunciados constituyen un ejemplo de mala práctica en materia de gestión de los recursos públicos y de improvisación e irresponsabilidad a la hora de intervenir en nuestro frágil patrimonio natural

Según José García Casanova, “todas las Administraciones Públicas, y por supuesto los Ayuntamientos, deben ser fieles observantes de las normas y los procedimientos jurídico-administrativos que todos debemos acatar y cumplir y aquí se ha obviado algo tan elemental como solicitar la autorización preceptiva previa de la Administración de Costas para proceder a la ejecución de actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre y la obtención de los obligatorios informes técnico y jurídico de los servicio municipales”.

Por otra parte, según García Casanova, “los proyectos de obras realizados total o parcialmente con fondos de la Hacienda Pública Canaria están obligados, en aplicación de la Ley 11/1990, de Prevención del Impacto Ecológico, a someterse a Evaluación Básica de Impacto Ecológico. Y también en este sentido se ha infringido la normativa vigente”.

Desde Alternativa Sí se puede por Tenerife, se denuncia que las obras ejecutadas, carentes de criterios ecológicos y de dirección facultativa competente, han ocasionado la destrucción de un sector del medio intermareal próximo a la Laja Grande, que albergaba valores ambientales y recursos naturales de notable interés. A consecuencia de la alteración provocada, las piedras, muchas de ellas recubiertas por fauna sésil y algas muy sensibles a las condiciones microambientales (luz/oscuridad, inmersión/emersión, etc.), se amontonan caóticamente en la escollera, sin respetar su disposición original, con lo que dicha delicada biodiversidad ha quedado gravemente dañada.

Por otra parte, la modificación de la topografía litoral puede influir sobre los procesos oceanográficos locales, y en particular sobre la hidrodinámica costera y los flujos de arena, desconociéndose las posibles repercusiones sobre el entorno a medio y largo plazo.