
Esta decisión es un gravísimo atentado contra los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general y un enorme retroceso en las conquistas alcanzadas por el movimiento obrero tras casi dos siglos de luchas en pro de mejores condiciones de trabajo y de una sociedad más justa. Sorprende, por esta razón, el silencio de los sindicatos, y de la izquierda en general, ante una iniciativa que se viene fraguando desde hace ya cinco años.